Unos recortes sin efectos en las facturas de la luz y el gas

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En el sector energético se tiene la idea generalizada de que “pasar, pasar, no pasa nada”, sino que es el ministro Álvaro Nadal “el que crea los problemas”. Una muestra es lo ocurrido a comienzos de esta semana, cuando, en apenas dos días las utilities españolas perdieron más de 3.000 millones de euros de capitalización después de que se filtrara la intención del Gobierno (en un principio, sin concretar) de recortar la retribución de las redes de gas y electricidad.

 No fue necesario conocer el contenido de las enmiendas en el Senado a la ley contra la sequía (en las que el Gobierno había plasmado sus intenciones) para que se produjera un derrumbe discrecional de las cotizaciones del sector. Con cuentagotas se conoció el contenido de las enmiendas del PP: primero, las que afectaban a las distribuidoras de gas (Gas Natural, Naturgas, Madrileña Red de Gas y Redexis) y la transportista (Enagás), a las que se reservaba un recorte de 375 millones de euros, especialmente duro para Gas Natural (200 millones) y Enagás (90 millones).

Energía justifica la medida en la necesidad de aliviar la factura de los consumidores de gas, ya que el sistema gasístico arrastra un cierto déficit de tarifa. Sin embargo, tras un primer análisis, el objetivo queda desmontado: la orden de peajes del gas de 2018 prevé ya un superávit en el sistema de 10 millones de euros y, por ley, un posible superávit no puede destinarse a una bajada de la factura, sino a la amortización de la deuda derivada de déficits pasados.

Una amortización que no resulta rentable debido a las actuales condiciones del mercado y al hecho de que esté titulizada entre entidades, que imponen duras condiciones a amortizaciones anticipadas. Tal es el caso del superávit de 1.000 millones que acumula el sistema eléctrico, que continúa muerto de risa, y por la misma razón, en dos cuentas corrientes a nombre de la CNMC. Por tanto, un hipotético recorte se traduciría en un mayor superávit pero no en una rebaja de peajes. O, como mucho, en menores subidas de esta parte regulada que controla el Gobierno.

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Para colmo, y como demostración del escaso o nulo efecto en el recibo del gas, es que el propio ministerio negó que el recorte a las gasísticas fuese tan elevado como figuraba en la justificación de su propia enmienda. En su comparecencia ante el Congreso el pasado miércoles, Nadal pasó de puntillas sobre este recorte a las redes de gas y sembró aún más la confusión ante unos sorprendidos diputados, al aludir a una sobrerretribución de las mismas de 50 millones de euros.

Sí se explayó, en cambio, en el ajuste a las eléctricas, incluido en una enmienda que adelantó CincoDías. En el caso del gas, Nadal pretende adelantar a este año la modificación de ciertos parámetros retributivos que, por ley, deben revisarse al cumplirse el periodo regulatorio de seis años que fija la ley de la reforma del sector gasístico que, en 2014, diseñó su hermano, Alberto Nadal, entonces secretario de Estado de Energía.

Desvelado el misterio de la enmienda eléctrica, pudo comprobarse que, en este caso, no se trataba de adelantar a este ejercicio la revisión del mecanismo retributivo de las distribuidoras (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, EDP y Viesgo) y REE, también previsto a partir de 2020. El recorte ahora en ciernes hace referencia a una sobrerretribución que las eléctricas estarían recibiendo por el llamado factor de retorno y la aplicación incorrecta de la amortización de sus instalaciones. Entre el uno y el otro, el ajuste es de 170 millones (100 millones, en el primer caso, y 70 millones en el segundo), según cálculos del ministerio que, por otro lado, no cuadra a los analistas.

Según Energía, este cambio (que en su opinión será automático y, según las empresas, requiere de una ley) derivará en un recorte de 1.500 millones a las grandes eléctricas y las renovables. Pocos entienden que si el ministro espera semejante ajuste, se complique ahora con unos recortes menores como los incluidos en las polémicas enmiendas.

Desbloquear el superávit de la tarifa eléctrica

La reforma del sector eléctrico de 2013 protagonizada por el anterior secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, supuso, entre otras medidas, un fuerte recorte de los costes del sistema, más de 3.000 millones de euros, que afectó principalmente a las renovables y, dentro de estas, a la eólica.

Desde entonces, el sistema eléctrico ha acumulado un superávit de 1.000 millones de euros y mantiene un cierto equilibrio, gracias en parte al incremento de la demanda de energía, lo que proporciona mayores ingresos. En los últimos cinco años, el Gobierno ha congelado los peajes eléctricos (algún año con trasvase de costes a otra parte de la factura). Y es que la ley no le permite bajarlos, por ejemplo, tirando del superávit, en tanto se arrastre una deuda del pasado (24.000 millones de euros).

Sorprende que se planteen unos recortes sin apenas efectos en la factura de la luz, cuando lo más sencillo sería cambiar la ley para desbloquear ese superávit (producto de haber cobrado de más a los consumidores) para lograr una bajada. O una rebaja del IVA de la electricidad, que el actual Gobierno subió del 18% al 21% o, como reivindican una y otra vez las empresas, que se trasladen costes ajenos a las redes a Presupuestos.

Fuente: El País

2018-02-03T16:07:17+00:00