Una economía verde con deberes y oportunidades para empresas e inversores

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El principal mensaje que la ministra para la transición energética, Teresa Ribera, lanzó ayer durante el foro Cinco Días es que España va a poner en marcha –sin más retrasos ni dilaciones– una decidida estrategia para descarbonizar la economía española, lo que supondrá no solo obligaciones para las empresas, sino también oportunidades para estas y sus inversores. “El sector financiero debe ser parte de la solución” del problema, explicó la ministra, que abogó también por avanzar hacia una economía verde integrada por fondos de pensiones, seguros y bancos de inversión, que apuesten por nuevos modelos de negocio limpio. La estrategia del Gobierno, que quiere culminar la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica antes de final de año, pasa por obligar a las grandes cotizadas a informar periodicamente sobre los riesgos ambientales y sobre la huella de carbono que generan con sus actividades. Teresa Ribera cifró las necesidades de financiación que la estrategia de descarbonización requerirá del tejido empresarial: unos 100.000 millones, a desembolsar desde ahora a 2030.

La imposición a las cotizadas del deber de informar de riesgos ambientales sigue el modelo francés, muy exigente con la factura que generan en el clima las grandes compañías. Es una de las grandes novedades de la normativa que prepara el Gobierno, una ley con la que hay que dar cumplimiento a los compromisos pactados con Bruselas: reducir para 2030 un 20% de las emisiones de CO2 respecto a los niveles de 1990. Se trata de una asignatura obligatoria para el conjunto de la economía española y en la que España está retrasada, lo que exigirá un esfuerzo importante por parte del tejido empresarial. Pero también supone una oportunidad para avanzar hacia una mayor modenización en la industria, más innovación en los modelos de negocio y nuevos instrumentos y vehículos financieros. Las empresas y los inversores tienen un papel fundamental en la consecución de esos objetivos. También lo tiene el Gobierno, cuyo objetivo debe ser promulgar una norma que exija, incentive y favorezca la economía verde y que lo haga sin perjuducar ni la productividad ni el crecimiento.

Fuente: Cinco Días

2018-09-06T20:46:22+00:00