Un mercado mundial de infraestructura

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El mundo necesita más inversión en obra pública. De mantenerse el ritmo actual con el que se vuelcan recursos, el déficit de infraestructura representará, en la estimación de la consultora McKinsey, un monto acumulado de 5,5 billones de dólares en 2035. Aunque la cifra varía según la fuente, nadie discute que la brecha se encamina a ser un gran lastre para el crecimiento económico, máxime cuando tenemos en cuenta que el cambio climático está impactando por partida doble: tanto por el deterioro que ya está suponiendo para las infraestructuras ya existentes como por la necesidad de otras nuevas.

Los Gobiernos, con sus limitaciones fiscales, difícilmente puedan aportar ese dinero adicional. El desafío está en la agenda del Grupo de los 20 (G20) desde hace tiempo, pero este año los miembros del foro han comenzado a trabajar con un objetivo ambicioso: convertir la infraestructura en una clase de activo y acelerar así la llegada de capitales privados.

Las clases de activos son grupos de instrumentos financieros que se comportan de manera similar en el mercado y operan bajo las mismas leyes y regulaciones. La meta a largo plazo es que los fondos privados puedan invertir en programas de obra pública como lo hacen hoy, por ejemplo, con los bonos soberanos. “Se trata de construir un vehículo financiero que tenga detrás un proyecto de infraestructura de un país, o un conjunto de proyectos de varios países, y la idea es que el volumen de activos llegue a ser tal que permita constituir un mercado líquido”, explica Laura Jaitman, representante ante el G20 del Ministerio de Hacienda de Argentina, el país que preside el foro en 2018 y fue el promotor del proyecto. “No se va a lograr en un año, pero en marzo acordamos una hoja de ruta a largo plazo y Japón se comprometió a continuar con el plan durante su presidencia de 2019”.

En la mira está el capital de los inversores institucionales, como los fondos de pensiones y las aseguradoras, que tienen carteras estimadas en 80.000 millones de dólares y son candidatos naturales a invertir en activos con horizontes de largo plazo, como son los proyectos de infraestructura, pero hoy destinan menos del 1% sus recursos totales a este sector, según datos del Banco Mundial. Un estudio reciente de la escuela de negocios francesa EDHEC afirma que un 90% de los inversores institucionales están interesados en aumentar su exposición a activos del sector de la infraestructura. La estrategia del G20 apunta a levantar una a una las barreras por las que los grandes ahorros privados apenas fluyen hacia los programas de obra pública.

Aunque es un objetivo ambicioso, en el Gobierno argentino creen que hay antecedentes históricos para ser optimistas. “Una experiencia similar fue el desarrollo del mercado de deuda emergente en los años ochenta, que empezó con iniciativas de este tipo y terminó con la estandarización de los bonos soberanos”, explica Jaitman. Antes de ese proceso, los activos eran muy diferentes según el país y cada préstamo tenía una documentación particular, lo que dificultaba la comprensión de los instrumentos y la diversificación de las inversiones.

Al igual que en el caso de los títulos públicos, una tarea clave para que el capital de los grandes inversores comience a fluir hacia la infraestructura es estandarizar: tener proyectos y contratos (tanto en el proceso licitatorio como en la financiación) más homogéneos para bajar el alto coste que tiene el análisis del riesgo y del rendimiento de cada programa de obras. “El sector de la infraestructura es muy intrincado y necesitamos proyectos más comprables para que después se pueda crear el instrumento financiero”, explica Jaitman. Se trata de encontrar un conjunto mínimo de estructuras en común para que los inversores se enfrenten a documentos similares a la hora de financiar la construcción de un dique en India, una carretera en Argentina o un puente en Bulgaria.

Catiana García-Kilroy, analista del Banco Mundial, cree que convertir la infraestructura en una clase de activo es la estrategia adecuada. “Cuanto más se avance en la estandarización, más van a bajar los costes de transacción, lo que debería abaratar la financiación, y a la vez, permitiría conseguirla de muchas más entidades. No solo de los inversores que tienen un mayor apetito de riesgo, sino también de un mayor grupo de bancos y de inversores institucionales”, afirma.

Mejoras regulatorias

Pero la hoja de ruta que acordaron los integrantes del G20 en marzo va más allá y abarca temas como la mejora de los marcos regulatorios (impositivos, legales y contables) y del mercado de capitales de cada país, algo clave para las economías en desarrollo, que necesitan acceder a una mayor financiación en moneda local para reducir el riesgo asociado a las devaluaciones. García-Kilroy cree que lograrlo requerirá tiempo y, sobre todo, mucha voluntad política. “Los países que quieran estar en esta agenda van a tener que comprometerse a realizar toda una serie de reformas estructurales que no se consiguen de un día para el otro”, afirma.

En el Gobierno argentino saben que el esfuerzo necesario para que el plan prospere es enorme y están convencidos de que lanzarlo en el G20, que representa el 85% del producto bruto global, es la única vía posible de éxito. “Tiene que ser una iniciativa con esta escala para poder lograrlo”, afirma Jaitman. En julio, durante la última reunión del G20 en Buenos Aires, se dio un primer paso concreto: los países se comprometieron a implementar una “guía de preinversión” en la fase de preparación de proyectos de infraestructura. “Es un conjunto de requisitos que los países deben cumplir para que los proyectos sean más comparables, de mejor calidad y más financiables por el sector privado”, explica Jaitman.

Fuente: El País

2018-08-29T09:03:15+00:00