Seopan pide el pago por uso en los accesos a Madrid y Barcelona para acabar con los atascos

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Constructoras y concesionarias de infraestructuras vuelven a irrumpir en el debate político con la propuesta de implantación del pago por uso en las carreteras españolas de alta capacidad. La asociación de las mayores referencias del sector, Seopan, estima en una horquilla de 59.000 millones a 113.000 millones el impacto económico que supondría la tarificación de carreteras de autovías en un periodo de 25 años. 

Seopan sostiene su renovada petición de peajes blandos generalizados en un informe de AT Kearney presentado esta mañana en Madrid. Este se hace público cuando ha sido registrada en el Congreso de los Diputados una subcomisión parlamentaria para tratar el asunto de la sostenibilidad y financiación de la red viaria. 

Consultora y asociación coinciden además en que la instalación de carriles de pago dinámico, con tarifas flexibles en función principalmente del grado de congestión, reduciría atascos y niveles de contaminación tanto en Madrid como en Barcelona. El presidente del área de infraestructuras de AT Kearney, Eugenio Prieto, ha citado autopistas de Ferrovial en el entorno de Dallas (Texas, EE UU) como ejemplos a seguir. También se ha referido a grandes planes de inversión para mejorar la movilidad en ciudades como Londres o Sidney. 

Esta propuesta de pago por un acceso más rápido a las dos grandes ciudades españolas conviviría, según ha dejado claro el colectivo de constructoras, con alternativas gratuitas. 

En cuanto a la tarificación generalizada de la red de autovías, se han propuesto esta mañana dos modelos de tarifas. El más económico para los conductores sería el de un céntimo de euro para vehículos ligeros y cinco céntimos para pesados, con lo que se conseguiría sufragar el mantenimiento de esas vías tarificadas. 

En un segundo escenario se propone el cobro de tres céntimos por kilómetro a ligeros y 14 céntimos al tráfico pesado. Con ello, España seguiría con peajes por debajo de los que ya operan en los principales países europeos y se resolvería tanto el déficit en inversión viaria, que la Asociación Española de la Carretera calcula en algo más de 7.000 millones, como la partida para la conservación de toda la red española de alta capacidad. 

De este esbozo tarifario deriva la citada recaudación estimada entre 59.000 y 113.000 millones en 25 años. Y la propuesta surge, según defiende el colectivo empresarial, del citado déficit en la conservación, del repunte en la siniestralidad en las carreteras, la necesidad de rebajar la contaminación en grandes ciudades, de las restricciones presupuestarias o de la tendencia hacia poblaciones crecientes en las grandes urbes. 

Una vez más el sector privado se ha ofrecido al Gobierno para anticipar inversiones, por un mínimo de 18.000 millones, a cambio de concesiones de futuras autovías tarificadas. 

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Fuente: Cinco Días

2018-10-29T10:27:25+00:00