Los males crónicos que propician la economía sumergida en España

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España queda entre Botsuana y Montenegro al comparar la tasa de paro, según cálculos de Organización Internacional del Trabajo para 2017. También encabeza la clasificación del desempleo en la UE y la de la temporalidad. La recuperación actual sigue expulsando del mercado laboral a mucha gente: la tasa de paro estructural en España ronda el 16%, dice la Comisión Europea. ¿De qué viven esos parados de larga y muy larga duración, sin subsidios y más allá del colchón familiar? La economía sumergida derivada del desempleo, difícil de cifrar pero palpable para todos, se intuye como respuesta parcial. Inspectores, analistas y Administraciones apuntan a las horas trabajadas sin declarar como explicación, y al aumento del control y la regulación laboral como solución.

El Ministerio de Empleo no cifra la economía sumergida, pues supondría oficializar un fenómeno que no está ni declarado ni registrado. Está compuesta por la economía ilegal, como el dinero que mueve el narcotráfico, y la informal, esas actividades legales que se ocultan para no pagar impuestos. Lo más preocupante son las cotizaciones no abonadas a la Seguridad Social, pues se precariza aún más un empleo no declarado que ya es de por sí de baja calidad y mal remunerado. Es importante atajarlo, más que por la recaudación tributaria, para acabar con la desprotección del trabajador y la competencia desleal que supone para el resto de empresarios.

Dos de los investigadores que más tiempo llevan descifrando y calculando la economía sumergida en España son Ignacio Mauleón, de la Universidad Rey Juan Carlos y Jordi Sardà, de la Rovira i Virgili. A falta de cifras precisas, calculan aproximaciones. Estiman que actualmente supone entre el 15 y el 25% del PIB español, probablemente una cifra instalada en la parte alta de esa horquilla, como explican por teléfono.

“Al atender la denuncia de un trabajador de que trabaja 12 horas, ¿qué prueba tiene? Ninguna. Es su palabra contra la del empresario”, explica un inspector

Para relacionar la tasa de paro y la economía sumergida, el año pasado publicaron un estudio que incluía en el cálculo el mercado de trabajo, a diferencia de lo tradicional, considerar solo los impuestos. En los países con tasas altas de desempleo, como España y Grecia, el paro “es una variable estadística relevante para la estimación de la economía sumergida, y no lo es tanto para países con menor tasa como Alemania”, concluían. Esto supone que una tasa alta o bajas prestaciones por desempleo serían las causas de una mayor predisposición a dedicarse a la economía informal, pero no al revés. El paro, sin embargo, no excluye otras explicaciones, como explican los autores. Mauleón llama la atención sobre la elusión fiscal, la minimización del pago de impuestos de las grandes empresas. Sardà prefiere referir la corrupción, con la necesidad de que los gobernantes den ejemplo.

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La Comisión Europea, que creó en 2014 la plataforma europea de la lucha contra el trabajo no declarado, apunta en la misma dirección en un informe publicado el pasado noviembre. Más del 11% del trabajo en el sector privado de la UE no se declara, concluye el estudio, que usa datos de 2013. En España el porcentaje de este empleo oculto alcanza el 9%, lejos del 20% que rondan Polonia o Lituania, países con una tasa de paro mucho menor.

Ningún indicador es capaz de explicar por sí solo la situación. La Comisión concluye que existe una intensa relación entre la renta per cápita y la calidad del gobierno con el trabajo oculto: cuanto mejores son los primeros, menos se dedican los ciudadanos a lo último. El estudio enumera además otros indicadores que darían pistas sobre el modelo español, aunque se advierte de que su relación es algo más débil. El empleo no declarado es mayor en países con tasas de parados de larga y muy larga duración superiores. También es mayor cuanto peor puntúa un país en el Índice de Percepción de la Corrupción de los poderes públicos. España, con un aprobado raspado, ocupa el vigésimo puesto de la UE y el 42 del mundo en este índice, publicado por Amnistía Internacional esta semana.

“La economía sumergida supone un grave problema en España por el contrato social que existe de fondo. Aunque están cubiertas todas las políticas sociales, son bastante limitadas. Esta carencia conlleva que, como no se recibe por ese lado, se piense que se cuenta con mayor permisividad para escapar al control de las autoridades”, explica Miguel Otero, economista e investigador principal del Real Instituto Elcano. Un mayor rigor tributario común es la primera solución que expone: “Si queremos contar con un estado del bienestar como el de los países más avanzados, tendremos que someternos a una mayor fiscalización”, zanja Otero, que refiere a los pagos sin IVA, los alquileres que no se declaran o las horas trabajadas en negro.

El 45% de las horas extraordinarias prestadas en el último trimestre de 2017 no se pagaron, según la EPA

A este respecto, la plataforma de la Comisión Europea es tajante sobre el tema que le ocupa: “Existe la necesidad de aumentar los recursos destinados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. La experta nacional elegida para España, Elvira González, lo tiene claro: “La Inspección es incapaz de llegar a todos los casos de irregularidades. Se ha mejorado últimamente, pero en mi opinión es insuficiente”.

El Ministerio de Empleo replica: para abril, el Sistema de Inspección contará con 1.875 efectivos, “la cifra más alta de la historia”. Contar con más efectivos ayuda, pero no lo es todo. Es precisa una mayor eficacia de las inspecciones, y parece que ha mejorado. En 2017 la Inspección de Trabajo buscó empleos irregulares en unas 150.000 inspecciones, y detectó irregularidades en el 26% de ellas, cuando siete años antes lo hacía en el 18%. El Ministerio lo atribuye a la mejora del cruce de los datos, principalmente con las comunidades autónomas. Aun así, muchos casos se escapan del radar.

Contrato parcial, jornada completa

Una de las irregularidades al alza que mencionan los consultados es la de los contratos parciales acordados entre trabajador y empleador, pero que de facto ocultan una jornada laboral de más horas, incluso completa. “El problema es que aún no existe la obligación legal de registrar y certificar la jornada con un medio eficaz de prueba. Hay quien expone que eso es una alienación del trabajador, y creo que es lo contrario, es la prueba de que el trabajador presta su trabajo”, expone Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo. “El empleador puede demostrar los pagos en seguida con las nóminas. Cuando un inspector atiende la denuncia de un trabajador de que trabaja 12 horas, ¿qué prueba tiene? Ninguna. Es su palabra contra la del empresario”, zanja.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado octubre una proposición de ley del PSOE para que se reforme el Estatuto de los Trabajadores, de forma que se obligue a registrar las horas de entrada y salida del trabajo. Por su parte, la Audiencia Nacional emitió el pasado enero un auto para preguntar a este respecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El 45% de las horas extraordinarias prestadas en el último trimestre de 2017 no se pagaron, según la Encuesta de Población Activa.

Las partidas destinadas a subvencionar las cuotas de la Seguridad  Social son dinero que “se desperdicia”

En el paquete de soluciones también debería incluirse una revisión de las políticas activas de empleo. La crítica al sistema actual se dirige al dinero destinado a subvencionarle a los empresarios las cuotas a la Seguridad Social cuando contratan a ciertos colectivos. “Estamos solo ligeramente por debajo de la media que gastan los grandes países de la OCDE en políticas activas. El problema es que ese es un dinero que se desperdicia. Se está pagando por contrataciones que se harían en cualquier caso”, expone José Ignacio García, profesor de la universidad Pablo de Olavide. Su propuesta es derivar ese dinero a las políticas que demuestran resultados, como la formación de los trabajadores no cualificados en técnicas de búsqueda de empleo y orientación profesional.

Objetivo: mejorar el estado del bienestar

De declararse esas horas no cotizadas se recaudaría más, disminuirían las prestaciones por desempleo y se podrían dedicar recursos, por ejemplo, a redistribuir la riqueza más allá de las prestaciones por desempleo. “Faltan políticas esenciales, por ejemplo, las destinadas a prevenir la pobreza infantil”, explica Eloísa del Pino, investigadora del CSIC en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos. Solo con un esfuerzo común España podrá mejorar posiciones en el Índice de Justicia Social Europeo, una clasificación de la Fundación Bertelsmann que en su edición del año pasado dejaba a España en un vergonzante quinto puesto por la cola.

“No podemos olvidar que los países del norte de Europa comenzaron sus reformas del estado del bienestar a principios de los noventa, por lo que pudieron pactar con los agentes sociales. Aquí se ha tirado del trazo grueso por la prisas y se ha recortado sin pactar, sin estudiar y sin considerar de dónde convenía reducir y de dónde no”, concluye Del Pino.

Fuente: El País

2018-02-23T14:45:13+00:00