Los escándalos de auditoría más sonados del siglo XXI

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Algunas incidencias en la supervisión de la contabilidad de las empresas han puesto en jaque a la figura de los auditores de cuentas. Pero, ¿quién controla a estos? La Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas fija procedimientos para frenar posibles fraudes administrativos y obliga a todas las compañías a cambiar de auditor cada diez años. Hasta que la rotación no fue obligatoria, las compañías podían revisar sus cuentas con el mismo profesional todo el tiempo que requisieran.

Según el tipo de infracción, la comisión de infracciones, integrada en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), impone al infractor sanciones que van desde la baja temporal o definitiva en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) hasta multas económicas. Si la sociedad comete una falta muy grave, el importe será de entre el 3% y el 6% de los honorarios facturados por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio declarado ante el ICAC, con anterioridad a la imposición de la sanción, sin que esta pueda ser inferior a 24.000 euros.

Como mencionan fuentes del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE), “es importante la formación continua.” El Instituto cuenta con programas de formación repartidos en 17 delegaciones territoriales. “Cada vez que se publica o se hace oficial un nuevo reglamento, estamos obligados a dar formación, tanto del auditoría como de consultoría”, añaden desde el instituto.

La legislación imperante no ha impedido casos sonados de irregularidades contables:

Gescartera y Deloitte
En el año 2000, saltó a la palestra el caso Gescartera y Deloitte y Touche por un error en las cuentas de la compañía. El Tribunal Supremo confirmó en 2008 dos multas, impuestas por el ICAC, por 1,32 millones de euros. La primera corresponde a una sanción de 685.432,78 euros, por la auditoría del año 1999 y, la segunda, de 632.707,18 euros, por la del 2000.

CAM y KPMG
En 2010, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) presentó unos beneficios de 201 millones de euros. Los resultados de las pruebas de solvencia, los test de estrés a los que se sometió la banca europea, sacaron a la luz que la CAM tenía unas pérdidas sin declarar en su balance por valor de 4.587 millones de euros. Una revisión de cuentas que había realizado previamente KPMG, la cual afirmó que no se le habían facilitado todos los datos por parte de la caja de ahorros. El ICAC sancionó a la auditora con 2,4 millones de euros. El exministro de Economía, Luis de Guindos, confirmó la multa en 2017.

Bankia y Deloitte
Los peritos del Banco de España concluyeron en 2017 que BFA -participado por Bankia- tampoco formuló bien sus cuentas y debió realizar ajustes por 6.869 millones de euros, con lo que se anotó pérdidas de 4.570 millones de euros, frente a los 30 millones declarados. Se descubrió que el grupo realmente perdió 1.830 millones de euros frente a los 252,87 millones de beneficio que Bankia declaró antes de la marcha de Rodrigo Rato.

Pescanova y BDO
Durante diez años, BDO nunca puso en duda las cuentas de Pescanova. En el informe de 2012, la auditora concretó la deuda que la compañía había acumulado en 1.483 millones de euros, cuando la cuantía real alcanzaba los 2.700 millones. Tras una querella impuesta por uno de los accionistas de Pescanova, el fondo de inversión Cartesian, el juez Pablo Ruz imputó a BDO por un presunto delito de falseamiento de información financiera.

Gowex y EY
Entre 2009 y 2013, la compañía wifi falseó el 99% del contenido de sus cuentas y se revalorizó en el Mercado Alternativo Bursátil un 2.700%. Los imputados se enfrentan a penas de prisión y fianzas por multas y de responsabilidad social superiores a 790 millones de euros. El expresidente del grupo, Manuel Fernández Sousa, se enfrenta a 31 años de cárcel. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz desimputó al auditor y exsocio de EY, Francisco Gónzález Carrera.

Aena y PWC
El organismo regulador de la práctica auditora impuso el pasado mes de marzo tres sanciones muy graves a PWC, por 10,49 millones de euros. Estas obedecen al incumplimiento del deber de independencia en relación con la elaboración de las cuentas de Aena. Aunque la sanción se publicó en el BOE en 2018, la resolución data de 2016.

Fuente: Cinco Días

2018-09-01T15:25:04+00:00