Cuando el banquillo de los acusados se perfila en el horizonte, toca fijar una estrategia de defensa. Y así lo ha hecho ya la antigua secretaria personal de Rodrigo Rato, Teresa Arellano, que en los últimos meses ha enviado una serie de recursos al juzgado de instrucción número 31 de Madrid para desmarcarse del expresidente de Bankia en la investigación abierta por el supuesto origen ilícito de su patrimonio. La exempleada asegura que se ha visto «arrastrada» en estas pesquisas por «haber sido una persona estrechamente vinculada» a Rato y pide al magistrado su desimputación: «Existía —hablando desde el punto de vista profesional— antes, durante y después de aquel», argumenta, según la documentación incorporada al sumario y a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Aunque el magistrado ha rechazado las pretensiones de la antigua secretaria, los sucesivos escritos presentados por Arellano evidencian su plan. «Se la pretende desligar por completo, radicalmente, de la actividad desarrollada por su jefe y encausado principal. Y también de las empresas o entidades que este dirigía o controlaba», llega a afirmar incluso la Audiencia Provincial, que también desestimó su solicitud de sobreseimiento en un auto fechado el 15 de enero.

Arellano fue detenida el 30 de septiembre de 2015 y, según la investigación, era una pieza más del supuesto entramado gestado por Rato para enriquecerse ilícitamente. Ella había sido la sombra del expresidente de Bankia desde 1983, cuando Rato era una joven promesa de Alianza Popular. Fue durante años una de las personas de su máxima confianza y solo se separó del expolítico cuando este se trasladó a Washington para ser nombrado director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). «Existen indicios bastantes para mantenerle la condición de investigada, derivados de su condición de administradora de derecho de Kradonara —una de las empresas del exvicepresidente del Gobierno bajo sospecha—», argumenta la Abogacía del Estado, que también se ha opuesto a que la desimputaran. Al igual que la Fiscalía.

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«Era una persona de confianza de Rato, siendo ejecutora de las decisiones y órdenes que aquel le daba en relación con la administración de su patrimonio. [Y también] coordinadora de comunicación en Bankia, [donde la colocó el exdirigente del PP], condición que le llevó a firmar en nombre de la entidad financiera diversos contratos que están siendo investigados», prosigue la Abogacía del Estado en un escrito enviado al juzgado de Instrucción número 31, que ya rechazó la petición de desimputación de la antigua secretaria. Entre otras razones, porque al menos siete testigos han declarado que «tenía capacidad de decisión o influencia».

Pero Arellano se defiende. Cuando fue detenida en 2015, declaró ante el juez que, por ejemplo, Rato la presionó para que fuera la administradora de Kradonara. «Yo le dije que no estaba preparada, que mi madre era mayor y estaba enferma. Y que él tenía dos causas en la Audiencia Nacional [por la salida a bolsa de Bankia y por las tarjetas black] y que si le pasaba algo yo no estaba preparada para administrar», relató al magistrado: «Me dijo que nunca me pediría algo que no fuera legal». Una línea de defensa que mantiene.

Un «daño colateral»

La exempleada de Rato se considera un «daño colateral», que «sufre una pena de banquillo desde aquel fatídico septiembre de 2015». «No podemos negar que se ha visto embebida en la presente causa por haber sido una persona estrechamente vinculada al principal investigado. Como tampoco podemos negar que ella no nace gracias a Rato. Ni tiene por qué ir de la mano de él», argumenta su abogado en un escrito enviado al juez a finales del pasado año. «El sustento para mantenerla investigada se basa en su consideración de secretaria (como si ello fuera de por si un hecho tipificable), así como por haber sido durante escasos tres meses y por indicación directa de Rato la administradora única de la mercantil Kradonara. O por haber desarrollado su labor profesional en Bankia», añade el letrado.

Arellano —inmersa en unas pesquisas donde se investigan delitos fiscales, de blanqueo y de corrupción— se encuentra actualmente en libertad. Pero asegura que está sometida a «una suerte de inquisición» desde 2015. Su abogado pide al juez que se le libere de la «carga jurídica y moral de verse investigada en una causa que le resulta ajena». Rato, por su parte, se encuentra encarcelado por la causa de las tarjetas black, mientras se le juzga también por la salida a Bolsa de Bankia y mientras esta instrucción sigue adelante.

El cerco de la justicia a Rato

  • El caso Rato. El juzgado de Instrucción número 31 de Madrid mantiene abierto actualmente el bautizado como caso Rato, donde se rastrea el supuesto origen ilícito del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno. Según se detalla en un escrito presentado por el propio exdirigente del PP, el magistrado abrió en esta causa hasta cinco líneas de investigación. En los autos principales se sigue la pista a supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Y en las cuatro piezas separadas se ha cercado la facturación obtenida por Rato por las conferencias que impartió para Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC); el envío de dinero oculto a Hacienda a sociedades domiciliadas en el extranjero; el acuerdo con Telefónica para la realización de informes de asesoramiento por los que el expresidente de Bankia recibió cientos de miles de euros; y el presunto cobro de comisiones por la publicidad de la entidad financiera.
  • El caso de las tarjetas black. Este proceso judicial ya cuenta con sentencia firme y ha conducido a Rato a la cárcel. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) cumple actualmente en Soto del Real la condena de cuatro años y medios de prisión impuesta por la Audiencia Nacional y ratificada por el Tribunal Supremo. La justicia lo sentenció por un delito continuado de apropiación indebida. Y el Tribunal Constitucional, hasta donde Rato llevó el caso, ya rechazó el último recurso que le quedaba al exdirigente del PP por vulneración de sus derechos fundamentales.
  • El caso Bankia. Desde noviembre del pasado año, Rodrigo Rato se sienta en el banquillo, junto a otros 34 acusados, por el conocido como caso Bankia, donde se juzga si los inversores que acudieron a la salida a Bolsa del banco en 2011 lo hicieron engañados por unas cuentas falseadas (las de marzo de 2011) que no reflejaban la imagen fiel de la entidad. La Fiscalía pide para el exvicepresidente del Gobierno un total de ocho años y medio de prisión.

Fuente: El País