Una de las consecuencias que va a tener el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la consecuente formación de un Gabinete es que muchos cambios previstos no podrán llevarse a cabo por la sencilla razón de que un Gobierno en funciones no puede tomar ciertas decisiones. Entre ellas figuran varios nombramientos, relevos o renovaciones en diferentes organismos o instituciones que dependen del Estado.

Las gasistas piden ayuda a Europa. El conflicto generado por el recorte de las retribuciones que plantean las propuestas de circulares de la CNMC ha provocado la visita a España de James Watson, secretario general de Eurogas (asociación que representa a los sectores mayoristas, minoristas y de distribución de gas en Europa ante la UE), que se entrevistó con diversas autoridades para recabar datos. Watson, que se mostró muy crítico, subrayó que la propuesta se aleja de la línea que sigue Europa en la materia gasista como pieza clave de la transición energética y calificó las circulares de “equivocación”. La preocupación ha crecido tras anunciar Standard & Poor’s que mantiene las calificaciones de las empresas del sector, pero que revisa a la baja las perspectivas de Enagás, Madrileña de Gas y Nortegas.

Coincidencias informativas de las energéticas. De la misma forma que se critica cuando no se produce coordinación, en esta ocasión hay que felicitar a las empresas Naturgy, Iberdrola y Repsol por haber hecho coincidir el mismo día la presentación de los resultados correspondientes al primer semestre del año. Por si había sospechas de colusión. Un aluvión de información llena de cifras que provocó que los medios demostraran sus suficiencias para cubrirlas. Solo faltó Endesa, que se adelantó un día, para completar la partida de energéticas. A cambio, tuvo más espacio informativo, que muchas veces es de lo que se trata.

A Abril-Martorell no le gustó ITP. Indra anunció el miércoles que desistía de comprar ITP a Rolls-Royce y el jueves se disparó en Bolsa con un 6%. La lectura de los mercados dieron la razón a la decisión del grupo que preside Fernando Abril-Martorell. Previamente, había castigado el valor seguramente por la fuerte inversión que se había planteado para hacerse con la compañía. El desembolso se situaba entre los 800 y los 1.200 millones de euros y las últimas condiciones exigidas lo encarecían. Ahora, la empresa se dispone a explorar nuevas oportunidades de crecimiento.

El más inmediato tendría que ser el del presidente del Consejo Económico y Social (CES), el organismo consultivo del Gobierno en materia social y laboral del que forman los agentes sociales que está adscrito al Ministerio de Trabajo y del que Marcos Peña dimitió el pasado abril después de 13 años al mando, cinco de ellos en periodo de interinidad porque la ministra Fátima Báñez se sentía muy a gusto con él y no tuvo a bien buscarle sustituto. Y eso que en las filas de su partido, el PP, había muchos que se postularon. Tras la dimisión de Peña ocupa el cargo en funciones Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT. Para su relevo, la ministra del ramo, Magdalena Valerio, ha barajado el nombre de María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2011.

El organismo que más ajetreo va a llevar es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde el 9 de septiembre vence el mandato del presidente, José María Marín Quemada; de la vicepresidenta, María Fernández, y de tres consejeros: Clotilde la Higuera, Benigno Valdés y Josep María Guinart. Es decir, la mitad de los 10 miembros del pleno del consejo, que fueron nombrados en su constitución. Se produce, además, en un momento crítico con las propuestas de circulares para la regulación del mercado eléctrico, que tanto lío ha provocado en el sector con el proyecto de reducir la retribución de la distribución de las compañías eléctricas, en pleno debate.

En el caso de que para esas fechas no haya Gobierno y que se convoquen nuevas elecciones, sería necesario prorrogar el mandato de los cinco ya que ninguno puede ser renovado, generando una situación de interinidad que nunca es buenaDe hecho, uno de ellos, Guinart, lleva dos años en esa situación.

La ministra Valerio ha barajado el nombre de María Emilia Casas para presidir el CES

Este organismo, además, está a la expectativa de los resultados de la consulta pública y posterior decisión del Ministerio de Economía sobre la adaptación de la directiva europea sobre competencia, conocida como ECN+ (por sus siglas en inglés, European Competition Network) para reforzar y homologar la aplicación del derecho de la competencia en los estados miembros de la UE.

La CNMC fue el resultado de la fusión de varias comisiones (principalmente las de Competencia, la de Energía y la del Mercado de las Telecomunicaciones) que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy con la oposición de los grupos de izquierda, que se negaron a proponer candidatos para su consejo. Hace dos años, todavía con el PP en el Gobierno, se planteó una vuelta al modelo antiguo. Sin embargo, el largo proceso de incertidumbre e inestabilidad política que ha vivido el país, unido a que el esquema actual ha funcionado e incluso se ha revitalizado con la recuperación de competencias de regulación que estaban en el Ministerio de Energía, ha retrasado cualquier decisión. De momento, la consulta de Economía sobre la transposición de la directiva europea no incluye este cambio.

La mitad del consejo de la CNMC, entre ellos el presidente, termina su mandato en septiembre

También se acaba el mandato de Rafael Castejón como consejero del Banco de España, donde es miembro de la Comisión de Auditoría. No obstante, Castejón, que fue propuesto en el paquete del PP para llegar al máximo órgano de la entidad en 2013, puede ser renovado por seis años más. Se da la circunstancia de que este consejo es uno de los pocos en los que sus miembros son más mujeres que hombres (seis sobre 10). En fuentes del entorno del banco se habla del posible nombramiento de José Luis Malo de Molina, ex director general del Servicio de Estudios de la entidad más de 20 años.

Otro cambio que se debe abordar, en este caso en febrero del próximo año, es el de José Luis Escrivá como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Este cargo no es renovable ni su inquilino puede permanecer en situación de prórroga. Es decir, obliga a buscar un sustituto con premura, aunque es previsible que para febrero ya haya Gobierno.

La CNMV, por su parte, no tiene movimiento hasta el otoño de 2020, cuando por cuatro años deben renovar (o no) el presidente, Sebastián Albella, y la vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina.

Fuente: El País