La regulación de las VTC retrasa la solución al conflicto y creará más problemas

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La normativa que el Gobierno aprobó el viernes para solventar la guerra abierta entre los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y el colectivo del taxi ha puesto incógnitas sobre la mesa en lugar de despejarlas. El real decreto ley aprobado en Consejo de Ministros traslada a las comunidades autónomas y los ayuntamientos la competencia para regular las VTC, pero lo hace con una moratoria de cuatro años, a modo de compensación por las restricciones que la regulación impondrá a la actividad de estas. Cuando expire ese plazo, las licencias VTC, de ámbito estatal, únicamente podrán prestar servicios interurbanos y deberán someterse a las regulaciones autonómicas y locales para operar en el interior de las ciudades. Eso supone, en la práctica, que las comunidades y los municipios podrán exigirles una licencia específica para prestar servicios urbanos, pero también optar por vetarlas y no concederles ninguna.

El colectivo del taxi ha recibido con lógica satisfacción la respuesta del Ejecutivo, que supone optar por una solución proteccionista, aunque suavizada por cuatro años de moratoria. Implica también aplazar la respuesta al problema y traspasárselo a las comunidades y municipios en lugar de resolverlo directamente a través de una normativa estatal. Aunque el argumento del Gobierno es que las VTC forman parte del transporte urbano y, como tal, deben ser reguladas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, la naturaleza de este conflicto no está ligada principalmente al transporte, sino que se trata de una cuestión de competencia y de garantía de la libre prestación de servicios ante la irrupción de un nuevo modelo de actividad.

La solución aprobada el viernes no solo posibilitará la restricción de la actividad de las VTC, sino que fragmentará el mercado y multiplicará costes y regulaciones. Aunque el Gobierno ha establecido cuatro años de moratoria como compensación “por los derechos perdidos” por las VTC, es difícil ignorar los riesgos legales que supone imponer al colectivo la posibilidad de tener que contar con una doble licencia para operar; una exigencia que este califica con razón de “expropiatorio” y que podrían dar lugar a una cascada de recursos judiciales por daños y perjuicios.

El colectivo del taxi defiende, y es legítimo que lo haga, lo que considera derechos adquiridos, pero esa defensa no puede quebrar nunca las líneas marcadas por las normas de competencia y libre prestación de servicios. La irrupción de las VTC es parte de la revolución que la digitalización está provocando en las economías, pero también una oportunidad para reformar y modernizar el transporte tradicional y ponerlo en condiciones de competir en el futuro.

Fuente: Cinco Días

2018-09-30T18:38:51+00:00