La distribución avisa que la directiva europea que regulará el sector impedirá bajar precios

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El sector de la distribución a nivel europeo contiene la respiración mientras los principales organismos comunitarios, Comisión, Consejo y Parlamento Europeo, apuran las negociaciones del texto definitivo que regirá el sector. Se trata de la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario, una versión comunitaria de la Ley de la Cadena Alimentaria que rige en España, y cuyo espíritu es proteger a los pequeños productores de posibles abusos por parte de las cadenas de distribución.

Un proyecto que, en su paso por el Parlamento Europeo, ha incluido también a los grandes fabricantes de la alimentación como posibles agraviados, y que ha engordado con cerca de 140 enmiendas, de las cuales 58 son prohibiciones adicionales. El texto preliminar fue aprobado el mes pasado con 428 votos a favor y 170 en contra y, por tanto, trasladado a la negociación a tres, último paso previo a su aplicación. Entre esas enmiendas, a las que ha podido acceder CincoDías, se incluyen algunas que pueden limitar prácticas hasta ahora consideradas normales en la distribución, como las alianzas de compras o que un pequeño productor sea un cliente preferente de un distribuidor.

En el primer punto, la enmienda 56 establece como una práctica desleal que debe prohibirse en Europa las “fusiones que son efectuadas para formar grupos de compras en retail y al por mayor”, algo que desde la patronal de la distribución en el continente, Eurocommerce, creen que supone acabar con un “modelo de éxito ampliamente extendido también en España, y cuyo papel en su sistema de distribución es insustituible”, explican fuentes de la misma. El texto no distingue entre centrales de compras, como Euromadi e Ifa en España, que aglutinan a cientos de empresas de distribución de distintos tamaños para comprar grandes volúmenes a proveedores para rebajar la factura, o acuerdos como el anunciado hace unos meses entre dos gigantes del sector, como Carrefour y Tesco, que fue firmado con ese propósito y que es objeto de investigación por la autoridad de la competencia francesa.

La inexactitud de algunos de los términos utilizados en unas enmiendas y la falta de concreción en otras es otra de las quejas del sector, algo que, a su juicio, crea una profunda inseguridad jurídica. Esto queda reflejado a la hora de definir la dependencia económica de un proveedor.

La enmienda 35 la describe como “la relación entre un proveedor y un comprador con diferente poder de negociación, en el que el proveedor es dependiente del comprador por la reputación de este, por su cuota de mercado, por la ausencia de alternativas de ventas o porque lo que factura al comprador supone una parte importante de su cuenta de resultados”.

Ese concepto también es utilizado en el proyecto de directiva para prohibir otra serie de prácticas, como la devolución de productos no vendidos, “si se produce por un abuso de la dependencia económica de un proveedor sobre el comprador”. La posibilidad de caer en esa posición dominante hará, dicen desde el sector, replantear las relaciones con los pequeños productores locales y beneficiará a los grandes fabricantes, y hará peligrar la comercialización de marcas propias.

Esto, junto a la posible prohibición de las alianzas de compras, limitará el margen de las cadenas para bajar los precios, defienden desde Eurocommerce, algo que, sostienen, siempre ha definido al sector de la distribución y le costará “millones a los consumidores”. La organización europea de consumidores BEUC, en una carta remitida a principios de noviembre a las autoridades europeas, urgía a “refocalizar el proyecto en su idea original: mejorar las condiciones de los pequeños productores y no arriesgar a una subida de precios y a una menor elección de los consumidores”.

Otras prácticas prohibidas serán los pagos a proveedores por encima de 30 días para productos perecederos, la cancelación de un pedido de alimentos perecederos con menos de dos meses de antelación, o no firmar un contrato ya redactado con un proveedor.

La carga de prueba, otro elemento de discordia

Disputas. En ese espíritu de protección al pequeño productor, la directia sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario contempla en la enmienda número 96 que, en el caso de que se produzca una queja por parte de un proveedor por un supuesto abuso de un distribuidor, deberá ser este el que demuestre que todos los procedimientos que se han llevado a cabo cumplen con la legalidad, y en el caso de no hacerlo, será sancionado. La patronal europea Eurocommerce cree que esto supone una discriminación y va en contra de los principios europeos de igualdad ante la ley al ponerles en una situación de sospecha. Esta espera que esta, como el resto de enmiendas discordantes, sean eliminadas en la negociación a tres que mantiene la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos

Fuente: Cinco Días

2018-12-01T17:29:17+00:00