La burbuja es el alquiler

La burbuja es siempre financiera. Llega cuando un loco exceso de demanda y calentamiento de precios de un sector, sea de los tulipanes, las tecnológicas o la vivienda, se traslada a las finanzas.

No estamos ahí todavía, porque aún no ha enloquecido el sector bancario: La mayor parte de las compras se cubren con ahorro, más que con crédito. Aunque algunos bancos ya ofrecen créditos hipotecarios por el 100% de la vivienda: supervisores, ¡vigilad!

Pero sí apunta una burbuja sectorial. De la vivienda. No tanto de la compra como del alquiler. Fíjense, el 80% de los desahucios proviene del impago de alquileres, no de las hipotecas.

La burbuja del alquiler obedece a varias causas. Una, el precio de la vivienda. Aún no recupera la locura de 2007 (salvo en el subsector gran lujo), pero se va acercando. Con lentitud, pues los pisos de nueva construcción (algo más de 80.000 visados) apenas alcanzan el 10% de los que se iniciaban en 2008. Pero sin pausa. Esa alza repercute en cascada sobre los precios de alquiler. Basten dos datos: en 2017, el precio de la vivienda terminada subió en 2017 un 17% en Madrid y un 11% en Barcelona.

Dos, esa carrera la animan la demanda exterior, los grandes inversores y las plataformas internacionales: las rentabilidades se elevan a un 10% de la inversión en algunos segmentos.

Tres, por efecto de la crisis (y de la depresión salarial), el porcentaje del alquiler (que era nimio) aumenta sobre el de la compra (lo que nos acerca lentamente a la media europea), por lo que es lógico que la litigiosidad se concentre en aquel.

La distorsión económica amenaza con convertirse en drama social, sobre todo si no se adoptan ya medidas reformistas.

Deben ser contundentes. La más evidente es la creación de un amplio parque dc vivienda pública en alquiler: no solo porque satisface necesidades inmediatas de los inquilinos, sino, sobre todo, porque contribuye a moderar los precios del mercado.

Después viene la subvención pública a los alquileres (sociales): España dedica a ello 300 millones anuales; Francia, 6.000.

La tercera medida debiera ser cambiar normas: alargar plazos de los contratos, establecer precios indicativos de referencia.

No hay que destruir el mercado, sino modularlo.

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Fuente: El País

2018-04-15T22:29:55+00:00