El mundo del fútbol profesional, de nuevo en el ojo del huracán judicial. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria lanzaron este martes la Operación Dean contra una supuesta trama societaria sospechosa de haber defraudado a Hacienda solo en 2013 más de 5 millones de euros a la Hacienda pública con el cobro de comisiones por el traspaso de futbolistas y préstamos abusivos a clubes, según ha revelado este miércoles el instituto armado en una nota de prensa y ha confirmado la Audiencia Nacional. En el centro de las pesquisas, en las que se investigan delitos fiscales y de blanqueo de capitales, está el fondo de inversión Doyen Sports Investment Limited, registrado formalmente en Malta aunque toda la operativa la realizaba en España.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye las diligencias, ha llamado a declarar como imputado por un delito contra la Hacienda Pública al administrador de esta sociedad, el agente Nelio Freire Lucas. También deben acudir al juzgado como imputados entre el jueves y el viernes el que fuera jugador del Atlético de Madrid Juanma López y su pareja, Rocío del Carmen Sánchez Ortega, así como el también intermediario y socio del primero Mariano Aguilar López y su hermano Miguel. Estos cuatro últimos también acuden para declarar por blanqueo de capitales. También está imputada como persona jurídica Doyen Sports, según fuentes de la Audiencia Nacional.

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Las diligencias se iniciaron a comienzos de 2018, coincidiendo con las primeras revelaciones del llamado Football leaks, la mayor filtración sobre documentos del mundo del fútbol, aunque las pesquisas han terminado abarcando hasta 2011, cuando se constituyó en Malta el fondo de inversión Doyen con un capital de 100 millones de euros. Este se creó para realizar operaciones de compra de derechos económicos de jugadores y la concesión de préstamos a clubes. A cambio de esta última actividad, el fondo recibía como contraprestación no solo el cobro de los intereses por el capital prestado, sino un porcentaje de una hipotética venta futura de determinados futbolistas que necesariamente debía llevar a cabo a través de Doyen.

Todo ello se recogía en unos contratos denominados TPO (Third Party Ownership) que, como destaca el auto del juez en el que admite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, fueron prohibidos por la FIFA en abril del año 2015. Pese a esto último, Doyen mantuvo la vigencia de los contratos formalizados hasta entonces y siguió gestionando los derechos de imagen y concediendo nuevos préstamos a clubes de fútbol. La querella de Anticorrupción identifica entre estas operaciones la adquisición de derechos de Gilavogui al Atlético de Madrid, la venta de derechos económicos del colombiano Radamel Falcao, que también jugó en el equipo madrileño; la compra de derechos de varios jugadores del Sporting de Gijón, la compra del 50% de los derechos del serbio Miroslav Stepanovic (que jugó en el Sevilla y Elche) y el francés Geoffrey Kondogbia (Sevilla y Valencia), y el 20% de Babá, entre otros. Por todas estas operaciones, solo en 2013 Doyen obtuvo un beneficio de 17,8 millones de euros.

Además, la investigación ha revelado préstamos al Atlético de Madrid y Sporting (de 2,5 millones de euros cada uno), Sevilla (3,65 millones) y su expresidente José María del Nido (500.000) y Getafe (3,5 millones), por los que en 2013 obtuvo un beneficio de 1,1 millones de euros. En este ejercicio la cuota tributaria defraudada se eleva a 4,5 millones de euros, aunque el juez no descarta que tras el análisis de la documentación ahora intervenida «afloren nuevos ingresos no computados, tanto en 2013 como en otros periodos impositivos», según destaca en su auto. Además de a todos estos clubes, los investigadores hicieron ayer requerimientos de información al Cádiz, Granada, Elche, Valencia, la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional, según fuentes de la Audiencia Nacional.

De la Mata destaca en su escrito el papel jugado por Juanma López y su socio, Mariano Aguilar, en la trama. A ambos los considera líderes de la rama española de Doyen. De ambos destaca que, junto al administrador de la compañía, el también imputado Neilo Freire, han llegado a representar y negociar en nombre del fondo los mayores fichajes del fútbol, embolsándose supuestamente importantes cantidades de dinero por ello. Para ello crearon la sociedad Assets 4 Sports, posteriormente sustituida por la sociedad maltesa Vela Management.

Además, hace hincapié que tanto López como Aguilar, pese a residir y realizar toda su labor de intermediación en España «ha ocultado, en distintos momentos, su condición de residentes en territorio español, así como su renta y patrimonio». Así, el primero declaró vivir en Suiza, mientras su socio aseguraba residir en Reino Unido. La investigación apunta que la trama hacía circular precisamente los fondos por ambos países en maniobras que el juez considera indicios de un supuesto blanqueo de capitales. 

En su auto el juez destaca que la red de fraude ahora destapada «se ha servido de una compleja estructura societaria tendente a ocultar a la Hacienda española que la gestión efectiva de Doyen es realizada desde España y no desde Malta». Para ello contaba con «un entramado implantado y asentado de manera estable en nuestro país, de modo que aunque haya intentado ocultar su existencia y operativa en España, la realidad es que utiliza un complejo entramado empresarial que constituye un asentamiento operativo lo bastante sustancial y significativo como para considerar que se actúa en territorio español con plena coherencia geográfica y comercial, y con un significativo grado de permanencia en el tiempo».

El escrito de De la Mata también resalta que, pese a ello, lo que denomina Grupo Doyen no presentó ninguna declaración fiscal en España y que solo las filtraciones de Football Leaks le obligaron a partir de 2015 a depositar en el Registro Mercantil sus cuentas anuales del ejercicio 2011 y siguientes. El juez apunta que, dada la «deliberada estrategia de utilización de múltiples sociedades interpuestas utilizadas para ocultar la actividad» de los imputados, la investigación va a requerir activar mecanismos de cooperación judicial con otros países. También recalca que las pesquisas no serán sencillas dada la «abundante y compleja documentación» intervenida.

Fuente: El País