El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado este miércoles la imputación de Mijail Fridman, multimillonario ruso y máximo accionista de la cadena de supermercados Dia. El magistrado pretende citarle a mediados de septiembre para interrogarle sobre la quiebra de la empresa española de videojuegos Zed WorldWide. La Fiscalía Anticorrupción considera que Fridman aprovechó su posición de privilegio en esa compañía, dirigida por Javier Pérez Dolset, para forzar su insolvencia y poder adquirirla posteriormente por un “precio irrisorio”, 20 millones de euros, una cantidad muy inferior al de mercado.

El fiscal del caso Zed, José Grinda, consideraba, en un escrito conocido el pasado lunes, que el complejo entramado societario controlado por Fridman llevó a cabo lo que en el entorno criminal ruso se conoce como un “raid”, una absorción ilegal mediante una combinación de estrategias que culminó con un “bloqueo institucional y económico” de Zed. El acusador considera que en estas maniobras se produjeron delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, administración fraudulenta, insolvencia punible y corrupción en los negocios.

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La entrada de los accionistas rusos en Zed se inició en 2008. Ello permitió a la compañía de Pérez Dolset experimentar un crecimiento en su cifra de negocio, hasta el punto de que entre 2009 y 2013 el 43% de los ingresos del grupo español procedía del holding controlado por Fridman. Zed emprendió su expansión mediante su salida a bolsa en el mercado tecnológico Nasdaq de Estados Unidos. Para ello firmó un crédito sindicado de 140 millones en diciembre de 2013 con un grupo de bancos liderado por ING. Entre las entidades prestamistas figuraba el Amsterdam Trade Bank NV, filial holandesa de Alfa Bank, un grupo bancario controlado por Fridman desde 2001, que aportó 18,6 millones al crédito.

Fridman se aseguró así, según la Fiscalía, una “posición dominante” y de “privilegio” en el grupo Zed, en la medida que formaba parte del accionariado y al mismo tiempo se convertía en uno de los principales acreedores de la compañía. El ministerio público explica en su escrito al juez García-Castellón que los socios rusos emprendieron entonces una “acción de presión” y “ahogo económico definitivo” contra Zed, mediante una “estrategia ilegal de interrupción de pago de dividendos” de las filiales rusas que desembocó en una “falta total de liquidez” de la tecnológica española, que terminó en la insolvencia y la quiebra de esta.

En su dictamen, de 23 folios, el fiscal Grinda expone prácticas de “modificaciones agresivas e injustificadas de contratos” por parte de las empresas de Fridman, el pago de “comisiones ilegales” que menguaron el capital de Zed, todo ello en favor de los inversores rusos. “Este proceso de favorecimiento culminó con una oferta de compra, fechada en octubre de 2016, por un importe de 20 millones de euros, muy por debajo del que era su valor cuando dieron comienzo las maniobras de paralización y bloqueo, controladas por Mijaíl Fridman”, recuerda el fiscal. La oferta fue presentada conjuntamente por Vage Engibaryan, un inversor ruso subordinado al magnate, y por el Grupo Planeta, explica el informe.

El fiscal atribuye a Fridman un “papel fundamental” en las maniobras para absorber Zed WorldWide forzando su quiebra, y basa su informe tanto en las declaraciones del ejecutivo Anton Kudryashov, subordinado de Fridman, ante las autoridades de Estados Unidos como en una auditoría forense realizada por PriceWaterhouseCoopers en el año 2013.

En noviembre de 2017, unos meses después de explotar la operación Hanta por la que fue detenido Javier Pérez Dolset, Fridman remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que se desmarcaba de cualquier responsabilidad en las decisiones empresariales que pudieron haber derivado en la insolvencia de Zed Worldwide en España objeto de investigación.

Sin embargo, un reciente informe policial pone en duda esa versión sosteniendo, con un análisis pormenorizado del funcionamiento de las empresas así como con mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de distintos implicados, que Fridman ostenta «el poder fáctico y directo» sobre los directivos y las decisiones que adoptaron causando un perjuicio patrimonial al accionariado español de Zed.

El fiscal pide también que se cite a declarar como testigo a Edwin Harland, el responsable de la auditoría forense que se realizó al Grupo Zed, después de que Vimpelcom le solicitará una investigación sobre la gestión de Temafon ante el «riesgo de una apropiación indebida de activos».

Fuente: El País