El Tribunal Supremo mantiene a Rodrigo Rato la condena de cuatro años y medio por las tarjetas ‘black’

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El Tribunal Supremo mantiene la condena de cuatro años y medio a Rodrigo Rato por las tarjetas black. Las penas para el resto de los condenados oscilan entre cuatro meses y los cuatro años y medio impuestos al expresidente de Bankia. El alto tribunal ha confirmado casi en su totalidad las penas de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y confirma la comisión del delito de apropiación indebida de otros 63 exdirectivos y exmiembros del Consejo de Administración de la Caja, que se beneficiaron de estas tarjetas cuya opacas para Hacienda. La condena ya firme impuesta a Rato implica, en principio, su ingreso en prisión en los próximos días, aunque será la Audiencia Nacional la que tendrá que ejecutar ahora la sentencia dictada por el Supremo.

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Las penas se han reducido para algunos de los condenados al estimar el Supremo que la atenuante de reparación del daño aplicada a los acusados que consignaron judicialmente las cantidades que extrajeron con la tarjeta debe entenderse en la categoría de muy cualificada y no simple, como ya estableció la Audiencia Nacional para quienes ingresaron el dinero directamente a los perjudicados (FROB o Bankia).

La Audiencia Nacional condenó a 65 ex directivos y altos cargos de Caja Madrid y Bankia por el uso fraudulento de las tarjetas black, entre ellos al expresidente de la entidad financiera, Rodrigo Rato. El Supremo ha revisado durante más de cuatro meses los recursos presentados contra la sentencia dictada el 23 de febrero de 2017 por la Audiencia Nacional, que consideró a los 65 acusados culpables del delito continuado de apropiación indebida por gastar más de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012 y utilizar las tarjetas para uso personal a sabiendas de que era una práctica ilegal y de que causaron un quebranto al patrimonio de la entidad financiera. Las condenas más elevadas recayeron en el que fuera presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009, el fallecido Miguel Blesa (seis años) y  Rato. Respecto a Blesa, fallecido en julio de 2017, el Supremo confirmó tras su muerte la resolución de la Audiencia Nacional y determinó que, aunque la responsabilidad penal quedaba extinta tras su fallecimiento, subsistía la acción civil contra sus herederos. La tercera condena más alta fue la del ex director general de Medios, Idelfonso Sánchez Barcoj, (condenado a dos años y medio de cárcel), a quien se le considera colaborador y cómplice de la operativa que contribuyó a mermar “el caudal de Caja Madrid”. A los tres se les absolvió del delito de administración desleal del que estaban acusados.

En el caso de Barcoj, el Supremo estima parcialmente su recurso y rebaja de dos años y seis meses a un año menos un día de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. El tribunal entiende que debe ser condenado por un único delito continuado de apropiación indebida y no por dos delitos (uno como cooperador necesario y otro como cómplice) por los que le condenó la Audiencia. Además, en su caso, el tribunal también le aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

La sentencia confirmada estableció como responsabilidad civil la devolución por los acusados de más de 12 millones de euros gastados con las tarjetas. De ellos, 9,3 millones se gastaron en la etapa de Blesa como presidente de Caja Madrid y 2,6 millones cuando el presidente de dicha entidad o Bankia era Rato. Ambos fueron condenados a responder civilmente de forma solidaria por las cantidades gastadas durante sus mandatos, que fue de enero de 2003 a enero de 2010, en el caso Blesa, y de febrero de 2010 a mayo de 2012, en el caso de Rato.

El Supremo confirma en esencia los hechos relatados en la resolución de la Audiencia. Blesa pagó 436.688,42 euros con las tarjetas ‘black’. Gastó 6.000 euros en una joyería, 13.148 euros en Viajes El Corte Inglés 3.200 en vinos o 1.000 en una heladería. Rato, abonó 99.054,59 euros: 3.600 en alcohol, 2.500 en arte, 2.172 en discotecas y clubs o 2.500 en arte. Los restantes acusados, exconsejeros y exdirectivos de la caja, fueron condenados como colaboradores y se les impusieron penas de entre tres meses y seis años, según lo gastado y si habían devuelto o no el dinero. En total, con las tarjetas black consejeros y directivos se gastaron 9,34 millones en la etapa de Blesa y 2,69 millones en la era Rato.

En su sentencia, la Audiencia consideró que con las tarjetas “se dilapidó el patrimonio” de la entidad y reprochó a los expresidentes haber antepuesto “los fines personales a los intereses sociales que eran los bancarios y no otros”. Ambos exdirectivos expusieron en sus recursos que no existía una prueba de cargo que acreditara su responsabilidad en la práctica de este sistema de visas que nació bajo un acuerdo del consejo de administración de Caja Madrid en 1988. También arremetieron contra la famosa hoja Excel que recogía todos los desgloses de los gastos tildándola de mera “recreación contable” que no podía ser entendida como elemento de prueba.

La resolución de la Audiencia explicaba cómo funcionó la trama. Para ello, se remontó a mayo de 1988. Jaime Terceiro, entonces al frente de Caja Madrid, propuso en una reunión de la comisión ejecutiva, completar las dietas de los consejeros con una tarjeta de crédito “para dignificar las retribuciones por asistencia a reuniones”. Era un complemento a las escasas dietas y se pedían justificantes de los gastos. Desde entonces, a los vocales del consejo y de la comisión de control, se les entregada una tarjeta. En 1995, Terceiro informó a los consejeros que solo podían usarse para gastos de representación. Entre quienes recibieron ese mensaje estaba Blesa y otros de los condenados, según los “hechos probados en la sentencia”.

Cuando Blesa se puso al frente, las tarjetas opacas se normalizaron para directivos y consejeros. Nadie justificaba los gastos de estas tarjetas y los mayores gastos, según destacaba la sentencia, coincidían con las vacaciones o las fiestas. Incluso consejeros siguieron usando la visa algunos meses después de cesar. Los jueces de la Audiencia consideraron que todo se hizo “contra el caudal de la entidad”, que acabó quebrando.

Fuente: El País

2018-10-03T11:59:30+00:00