El legado económico de Rajoy

El legado económico de Mariano Rajoy está marcado por la mayor crisis de la historia reciente de España. Si en 2008 la economía española producía 100, los bienes y servicios que demandaba eran 110. Es decir, por cada 100 puntos de producción había que endeudarse con el exterior en 10. Hasta que la crisis cortó esa financiación. El Gobierno de Zapatero intentó contrarrestarlo con una expansión fiscal que llevó el déficit público hasta cotas del 10% del PIB. Pero eso generó más desconfianza en los mercados disparando el pago de intereses. La actividad impulsada por la deuda se derrumbaba, y con ella los ingresos fiscales. Pese a su negativa casi hasta el último momento, en 2010 Zapatero tuvo que aplicar el primer recorte fuerte a las cuentas públicas.

De ordinario, ante esta situación se intenta ganar productividad. Pero eso no se logra de un día para otro. Hace falta educación, formación, inversión… En otras crisis se devaluaba la moneda, lo que abarataba los productos nacionales a fin de vender más. Sin embargo, esta solución solo suponía un alivio temporal que, a la larga, empeoraba los problemas porque generaba más inflación. Y en el euro no se podía llevar a cabo. Sin política fiscal, sin ayuda de un banco central y sin moneda propia, solo quedaba la dolorosa devaluación interna. Cuando entra Rajoy en la Moncloa, esta ya ha empezado a fuerza de despedir. El paro roza el 23%.

En el primer consejo de ministros se anuncian recortes y se eleva el IRPF y el IBI. Más adelante se terminarían subiendo prácticamente todos los impuestos. Los ajustes retroalimentan la recesión. “Ya pasará”, se dice en Moncloa. En los primeros meses se aprueba una reforma laboral que facilita el despido y da más poder a la empresa para flexibilizar condiciones. En el corto plazo, la medida es recesiva pero ayuda a salvar empresas. El ajuste ya no se hace solo despidiendo; también con sueldos más bajos.

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Con la morosidad descontrolada y la financiación externa cortada, la banca, que había acudido al exterior para financiar los excesos, se convierte en el talón de Aquiles que podía arrastrar todo, empezando por los depósitos. El anterior Gobierno había desaprovechado cuando aún tenía margen para recapitalizar entidades y otros países lo hacían. Las fusiones de bancos no sirven.

El rescate llega en junio de 2012. Se vendió como una ayuda a la banca. Pero la realidad era que España resultaba demasiado grande como para ser rescatada. A grandes rasgos, la única diferencia con un rescate completo es que se evitó un recorte directo de las pensiones, la partida que estructuralmente seguía creciendo y donde se hallaba el grueso de los votos del PP. En julio, Rajoy aprueba otra ronda de recortes. En medio del castigo de los mercados, muchas comunidades autónomas acaban siendo rescatadas por el Estado central.

Conforme se toman las medidas que dicta Bruselas, se restablece la confianza de Europa. El presidente del BCE, Mario Draghi, recibe entonces el nihil obstat de Berlín para que el eurobanco respalde a la periferia. El día que sale el primer saldo positivo con el exterior, el ministro Montoro y el, a la sazón, jefe de la Oficina Económica, Álvaro Nadal, se llaman para darse ánimos. Tardará más o menos, pero la recuperación está en marcha, piensan.

El problema de la deuda pública

La deuda pública sigue muy elevada y supone un punto débil si se vuelve a cortar la financiación. Aunque se ha impuesto la austeridad en las Administraciones con la Ley de Estabilidad, el déficit público se sitúa en el 3% del PIB, el mayor de toda la UE. De no haber aprobado rebajas de impuestos, podría haber estado en el 1,5%, según datos de la Agencia Tributaria. Aunque tuviese que acometer numerosos recortes, Rajoy peleó durante la crisis por mantener el Estado del bienestar. De hecho, en la actualidad el gasto público se encuentra ya en los mismos niveles que en 2008. Pero eso sí: con un mayor peso de las pensiones y una menor contribución para políticas sociales o inversión. Aun así, ese nivel se coloca por debajo del promedio europeo. De ahí que la izquierda critique al Gobierno que no haya hecho más por elevar la fiscalidad.

Sin embargo, todavía había que recortar el déficit de España en 25.000 millones durante 2013, lo que podía lastrar una hipotética recuperación. Al final, Bruselas cede y relaja la meta de déficit público. Y la economía empieza a reactivarse. A poco que crece el PIB, se empieza a generar empleo con fuerza. Para atajar el creciente gasto público a largo plazo, se legisla una reforma de las pensiones que las liga al estado de las cuentas y, en consecuencia, las cuasicongela para asegurar su sostenibilidad. Y tres vientos de cola propulsan la economía: la política monetaria, un precio del petróleo a la baja y el turismo desviado por la inestabilidad de otros destinos. Además, Rajoy aprueba una rebaja de impuestos con tintes electoralistas que impulsa más la economía justo cuando no se necesita y que frena la reducción del déficit público.

Al cierre del mandato de Rajoy, la economía encadena tres años consecutivos creciendo al 3%. La deuda privada ha descendido en casi 70 puntos hasta el 150% del PIB. La tasa de paro ha caído 10 puntos hasta el 16,7%. Y ello se ha conseguido con saldos positivos frente al exterior durante cinco años, un hecho insólito en la historia de España que implica que este crecimiento es más sostenible. Los niveles de PIB previos a la crisis se han restablecido con más exportaciones pero con menor consumo de los hogares y 1,8 millones de empleados menos, lo que explica el amplio malestar social.

Rajoy ha abordado lo que se precisaba con urgencia. Pero todavía queda mucho por hacer. En los tres últimos años ha parado las reformas. Ha procrastinado con el déficit bajando el IRPF. Ha deshecho la reforma de las pensiones y deja el agujero de la Seguridad Social en 18.000 millones. La recolocación de parados de larga duración no da resultados, según critican los expertos. Y no ha atacado la excesiva temporalidad o los abusos en los descuelgues de convenio. En suma, Rajoy lega una economía más saneada y competitiva, pero todavía dañada por la crisis, con una mayor desigualdad apuntalada por un mercado laboral a dos velocidades, entre los parados y los empleados, entre los temporales y los indefinidos y entre los más y menos formados. Tampoco se ha puesto en marcha todo lo necesario para evitar futuras burbujas como, por ejemplo, crear una autoridad para vigilarlas tal y como reclama el FMI.

El reto de la productividad

La economía española logró una mejora de la competitividad a fuerza de despedir trabajadores. Y, en la actualidad, casi todo el crecimiento registrado se debe a que se incorporan nuevos empleados. Pero la productividad por ocupado crece poco. “Todavía faltan las reformas que hagan que el empleo y la productividad crezcan a la vez”, explica Rafael Domenech, economista de BBVA. Un cambio básico sería atajar la temporalidad, un claro impedimento porque los trabajadores no acumulan experiencia. En este sentido, algunos expertos se preguntan si la reforma laboral ha dotado de demasiado poder a las empresas también en los buenos tiempos.

El listado de reformas que piden los organismos internacionales para mejorar la productividad también incluye reducir barreras de entrada a la competencia; reformar los servicios profesionales, fomentar el I+D y el capital tecnológico o reformar la educación, la universidad y la formación de trabajadores. El Gobierno de Rajoy se dejó muchas de estas reformas sin completar, en parte porque implicaban enfrentarse a colectivos concretos tras años de fatiga reformista. La productividad queda como el reto pendiente.

Fuente: El País

2018-06-02T22:12:25+00:00