El informe de Deloitte asegura que Popular no cumplía la ley al provisionar su riesgo inmobiliario

/, Actualidad Económica, EL PAÍS/El informe de Deloitte asegura que Popular no cumplía la ley al provisionar su riesgo inmobiliario

La Junta Única de Resolución (JUR) ha publicado este viernes la versión expurgada de buena parte de la documentación que sirvió de base para la intervención del Banco Popular, incluido el informe de valoración encargado a la auditora Deloitte, que se refiere a la entidad con el nombre cifrado de “Hippocrates“. Los documentos revelan que el análisis de Deloitte, clave para la operación de venta de la entidad al banco Santander, se hizo de manera precipitada y sin acceso a numerosos datos considerados necesarios por la auditora.

Fuentes del organismo europeo admiten, tras la publicación de los documentos, que la intervención se precipitó y les pilló en gran parte por sorpresa. “El calendario era impredecible”, señalan esas fuentes. “Y aunque le habíamos encargado a Deloitte un trabajo lo más rápido posible, al final hubo que pedir a los auditores que aceleraran el informe de manera dramática“, añaden las mismas fuentes.

La auditora reconoce en la presentación del informe que “esta valoración debe considerarse como altamente incierta y provisional”. Y añade que se ha incluía un colchón para pérdidas adicionales imposibles de estimar de manera precisa.

La JUR, órgano presidido por Elke König, se había negado hasta ahora a publicar el informe de valoración y mantenía también en secreto la mayor parte de la documentación sobre la caída del Popular. Pero en noviembre del año pasado, tras recibir varios recursos de inversores afectados, el Panel de Apelaciones del propio organismo recomendó la publicación de las partes menos confidenciales.

Más información

MÁS INFORMACIÓN

El organismo de resolución ha acatado este viernes esa decisión, con mes y medio de retraso sobre el calendario previsto. La dilación se ha debido, en gran parte, al regateo entre todas las partes involucradas (JUR, FROB, BCE, Deloitte, Santander…) para eliminar del informe los datos que pudieran considerarse sensibles desde el punto de vista de gestión política o comercial.

“Se ha buscado un equilibrio”, aseguran desde la JUR. El Santander se resistió a la publicación de ciertos detalles sobre activos del Popular que podía vender, pero esa información ha dejado de ser sensible una vez consumadas la operación. Deloitte también ha obligado a borrar precisiones sobre su tarea. Pero el organismo que más censura ha impuesto parece haber sido el BCE, que ha obligado a tachar las cifras sobre colaterales disponibles o el volumen de las líneas de liquidez de emergencia.

En cambio, la JUR ha decidido ampliar el número de documentos publicados más allá de la recomendación del Panel de Apelación. Y junto al informe de Deloitte, la Decisión de Resolución y el Plan de Resolución del Popular de 2016, ya aparecen en la web del organismo la versión no confidencial documentos sobre la venta del banco, el informe de valoración de la JUR.

El documento más esperado por los inversores que se consideran damnificados era el informe de Deloitte, que valoró el banco entre 1.300 millones y -8.200 millones, con un escenario base, que al final resultó el más cercano al desenlace, de -2.000 millones de euros.

Deloitte reconoce en el documento que para llegar a esa conclusión dispuso de poquísimo tiempo. “El ámbito de nuestro trabajo se ha visto seriamente limitado por la información y el tiempo disponible“, señala el Apéndice 1 de un documento de poco más de 20 páginas.

Los auditores subrayan que hasta el 24 de mayo de 2017, a las 18:27 horas, no obtuvieron el permiso para acceder a la “sala de datos virtual” que recogía la información confidencial ofrecida a los potenciales compradores. Y el acceso a esa sala no se produjo hasta el 25 de mayo a las 14 horas, apenas siete días hábiles antes de la noche (del 6 al 7 de junio de 2017) en que precipitó la intervención del Popular

Además de falta de tiempo, Deloitte reconoce “importantes carencias de datos” e inconsistencias en la información disponible. Los auditores también señalan su “limitado acceso” a la dirección del banco y tuvieron que conformarse con un trabajo con personal de base.

Los auditores se encontraron, además, con una contabilidad que no siempre estaba en regla, según su valoración. En activos inmobiliarios, por ejemplo, detectaron un agujero, que cifran en 3.100 millones de euros, como consecuencia de una mala aplicación, por parte del Popular, de las comunitarias y españolas sobre valoraciones en ese sector. 

A pesar de todo, fuentes de la JUR aseguran que “el resultado fue robusto tomando en cuenta las limitaciones“. Se trataba de la primera intervención de un organismo casi recién nacido (enero de 2015) y que todavía opera con serias limitaciones de personal y recursos, según un reciente informe del Tribunal de Cuentas europeo.

A finales de 2016, solo seis meses antes de la intervención del Popular, la JUR disponía con la mitad de los empleados previstos para 2015, según alertó el informe del Tribunal, que destacaba la carencia de personal especializado, sobre todo, en los equipos encargados de preparar las intervenciones. La falta de personal en las direcciones que planifican las resoluciones afecta significativamente el proceso de planificación”, señaló el Tribunal.

Deloitte concluye que Popular tenía un agujero de entre 11.800 millones de euros en el mejor escenario y 20.600 millones en el  peor, antes de su resolución y venta a Santander. Según su informe, cuyo objetivo era estimar el valor que podría haber ofrecido un potencial comprador por el banco, la mejor estimación del ajuste de valoración de la entidad era de 14.700 millones
de euros.

El agujero, según esta estimación final, se debería a un déficit de provisiones de 3.500 millones de euros en créditos, de 3.100 millones en activos fiscales diferidos, de 2.700 millones por activos intangibles y de 500 millones por capital e ingresos fijos. La JUR ha oscurecido los agujeros ligados a las obligaciones legales, así como a subsidiarias y empresas conjuntas, que haciendo el cálculo
supondrían en conjunto otros 2.700 millones.

Como resultado, Deloitte otorgó a la entidad una valoración en el rango de entre 1.300 millones en el mejor escenario y 8.200 millones negativos en el peor.

Su mejor estimación es que el banco tenía un valor negativo de 2.000 millones, por lo que el euro ofrecido por el Banco Santander -el único que presentó una oferta por la entidad- superaba esta cota y fue aceptada por la JUR.

Además, en cuanto al negocio inmobiliario del Popular, Deloitte apunta que el “valor justo estimado” de los activos adjudicados supondría una quita de entre el 42 % y el 47 % sobre las estimaciones hechas por la entidad española, lo que implica un agujero de entre 2.494 millones de
euros y 3.192 millones.

En el caso de los activos tangibles, la quita era de entre el 15 % y el 27 %, entre 126 millones y 231 millones, frente a lo previsto por el Popular.

En cuanto a los créditos, donde el ratio de morosidad del banco a 31 de marzo -fecha de la que datan los datos utilizados por Deloitte para hacer el informe- era del 14,9 %, la consultora señaló que toda la cartera parecía “poco atractiva para muchos compradores potenciales”.

Deloitte también hizo una estimación de lo que habrían perdido y recuperado los inversores en caso de que el banco hubiese sido liquidado en lugar de resuelto, pero la JUR tachó esta información
en la versión publicada hoy. Esta información se incluirá en otro informe que está haciendo también
Deloitte y que se publicará en los próximos meses.

Fuente: El País

2018-02-02T14:15:57+00:00