La crisis del campo se ha convertido en una de las mayores preocupaciones políticas del Gobierno, inquieto por la posibilidad de tener en España una revuelta como la de los chalecos amarillos en Francia. Después de semanas de reuniones y negociaciones, el Ejecutivo ha decidido pasar a la acción con un paquete importante de medidas que aprobará el martes el Consejo de Ministros. El análisis se ha ultimado en una reunión celebrada el lunes en La Moncloa, a la que asistieron el presidente Pedro Sánchez, el vicepresidente Pablo Iglesias -que ha tenido un gran protagonismo en este asunto- y varios ministros afectados.

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Entre las medidas más importantes que se adoptarán el martes está una reforma de la ley de la cadena alimentaria que busca forzar a que se mejoren los precios en origen. Se buscarán mecanismos de presión, en especial a las grandes superficies y otros grandes conglomerados que negocian a la baja los precios con unos productores que en España apenas están agrupados en cooperativas que tengan fuerza para imponer condiciones.

En la cumbre europea celebrada el pasado fin de semana, España luchó para que no se redujeran las ayudas agrarias y rechazó el recorte previsto, por lo que no hubo acuerdo. Al finalizar la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas que tuvo al campo y la PAC como gran protagonista, Sánchez confirmó que esta reforma se aprobaría en el Consejo de Ministros del martes y habló abiertamente de «control de precios», aunque el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha insistido en varias ocasiones en que el control de precios es inviable y no sería permitido por la UE. Pero las medidas que ultima el Gobierno van destinadas a forzar una subida de esos precios en origen.

El martes se detallará de qué manera piensa el Ejecutivo lograrlo, pero ya está claro que dentro del Gobierno ha triunfado la tesis de los que creen que hay que intervenir en el mercado porque la situación es insostenible y muy desigual en contra de los productores. En La Moncloa y en los ministerios afectados son conscientes de que para cambiar el mercado hace falta mucho tiempo, y sobre todo lograr que los productores se asocien en cooperativas y se modernicen, algo que lleva años. Pero de momento quieren aprobar esta reforma para tratar de lograr una incidencia rápida aunque sea menor, sobre todo para dar una respuesta política y aplacar una crisis que no deja de agravarse cada semana con algunos incidentes importantes.

Pero además de esta norma, que será la estrella de la cita del Consejo de Ministros y que explicará Planas, habrá otras medidas paliativas de efecto más inmediato para los trabajadores del campo, que están sufriendo un año durísimo, con sequía, crisis de aranceles con EE UU y además el desplome de los precios.

El mal año ha hecho que muchos agricultores no hayan podido cumplir las peonadas necesarias y se queden fuera del subsidio agrario. El Gobierno va a modificar de forma extraordinaria, con la justificación de la sequía y la crisis de los aranceles, la regulación del acceso a este subsidio para reducir el número de peonadas necesarias de manera que puedan acceder la práctica totalidad de los trabajadores que suelen solicitar esta ayuda, una población fija que apenas varía.

Otra de las medidas que promoverá el Ejecutivo, y que tiene que ver con el ministerio de Trabajo -que es coproponente de este paquete de ayudas al campo, de ahí la relevancia que ha adquirido en este asunto tanto Yolanda Díaz, la ministra, como Iglesias, su jefe político- es la generación de incentivos, a través de bonificaciones de las cotizaciones, para que las empresas contraten trabajadores fijos o fijos discontinuos en los trabajos del campo. Y también se cambiará, como consecuencia de la denuncia del relator de la ONU sobre las condiciones de vida de algunos trabajadores del campo, especialmente inmigrantes, el sistema de inspección para vigilar las condiciones de las viviendas que se ofrecen en algunas explotaciones a estos empleados.

Fuente: El País