El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado hoy una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para el periodo 2029-2024. Se trata, según una nota de prensa del Gobierno, de un instrumento, dividido en cuatro ejes y 19 medidas, en el que se define por primera vez qué es la pobreza energética. Para ello establece unos indicadores de seguimiento (según estos, en estos momentos existen en España 8,1 millones de personas en situación de pobreza energética) y se fija como objetivo una reducción del 50% y, cuando menos, del 25% en 2024.

Tal como había prometido el Gobierno, entre las medidas figura un bono social energético, que cubriría todas las fuentes de suministro, no solo la electricidad. El bono deberá concederse de forma automática a los beneficiarios que tengan derecho al mismo.

El criterio para la concesión de las ayudas para energía será “básicamente el de la renta” aunque se tendrán en cuenta, según la nota, “un conjunto de cuestiones en función de la situación de los perceptores o su unidad familiar o la zona climática en que vivan”. En estos momento, hay innumrables colectivos con derecho al descuento en la factura, que va desde el 25% hasta el 100%.

La Estrategia, “no conllevará compromisos presupuestario directo” y la financiación de sus medidas “dependerá de los establecido en los planes operativos que se aprueben o en los futuros desarrollos normativos derivados de la misma. El actual bono de la luz tuvo un coste de 200 millones en 2018 que corren a cargo de las comercializadoras eléctricas, mientras que el del bono social para la calefacción que se aplica este año por primera vez costará 80 millones, con cargo al presupuesto de la Secretaría de Estado de Energía.

Otras actuaciones que se plantean son la rehabilitación energética de viviendas o la sustitución de electrodomésticos no eficientes. Asimismo se prohibirá el corte de suministros a consumidores vulnerables en situaciones meteorológicas extremas, lo que se suma a los derechos legales que, en estos casos, ya tienen dichos usuarios.

La pobreza energética, según la define el Gobierno, es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministro de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede agravarse por disponer de una vivienda ineficiente.

Los indicadores para determinar la pobreza energética son cuatro: el gasto desproporcionado respecto a los ingresos del hogar (cuando aquel sea el doble de la media nacional); la pobreza energética escondida, cuando el gasto energético es inferior a la mitad de la media nacional; la incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada o el retraso en el pago de las facturas. En el primer caso, se encuentran 8,1 millones de personas; en el segundo, 5,1 millones; sin disfrutar de la temperatura adecuada, 3,7 millones y con problemas para pagar el recibo, 3,5 millones.

Para la materialización de las ayudas, se crearía un portal web que centralice la información y se elaborarán planes operativos de desarrollo de la Estrategia. Por otro lado, se crearía un grupo de trabajo interministerial permanente y una mesa social.

Autoconsumo

Tal como estaba previsto, el Consejo de Ministros aprobó asimismo el real decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo. Una norma que completa el marco regulatorio impulsado por el RDL 15/2018 por el que se derogó el llamado impuesto al sol.

El decreto aprobado el viernes habilita la figura del autonsumo colectivo para comunidades de propietarios y polígonos industriales; reduce los trámites

administrativos, especialmente en el caso de los pequeños; establece un mecanismo simplificado de compensación de la energía autoproducida y no consumida y define las distintas clases de autoconsumo. Además, se define el concepto de “instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a las mismas”.

Una de las novedades del reglamento es un mecanismo simplificado de compensación de excedentes o energía generada que el usuario no consume instantáneamente. Hasta ahora, si el autoconsumidor quería obtener una compensación por esta energía que se inyecta en la red, debía constituirse jurídicamente como productor de energía con los trámites y declaraciones fiscales que exige la ley. Desde ahora, la energía excedentaria de las instalaciones de menos de 100 kW se saldará la factura mensual. Las instalaciones de hasta 15kW o de hasta 100kW, en caso de no tener excedentes, se registrarán con un único trámite ante la comunidad autónoma.

El decreto habilita también a las comercializadoras reguladas a ofrecer servicios de autoconsumo que la legislación actual no le permitía.

Euforia en el sector

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha celebrado la aprobación del real decreto que regula el autoconsumo, al considerar que sitúa al ciudadano “en el centro del modelo energético” y elimina las barreras económicas y administrativas para esta actividad.

Para las empresas del sector, el nuevo marco elimina las barreras económicas, al suprimir las cargas y peajes a la producción y a los sistemas de almacenamiento de energía, además de simplificar los trámites administrativos y compensar los excedentes de energía renovable.

Otras muchas asociaciones y organizaciones ecologistas destacaron el desarrollo económico que la medida supondrá. Entre ellas la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), cuyo presiente, Andrés del Campo, considera que la autoproducción supone un impulso para la competitividad de las explotaciones.

Por su parte, Andimac, organización empresarial de soluciones para el mantenimiento, equipamiento y reforma, ha pedido ampliar las ayudas del Plan Estatal de Vivienda a las instalaciones de autoconsumo. Según esta asociación, las comunidades que participan en la cofinanciación del plan, podrían ampliar las ayudas, una parte de las cuales están bloqueadas al ser rechazados los Presupuestos del Estado.

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Fuente: Cinco Días