El Gobierno da cuatro años de moratoria a las autonomías para asumir la regulación de las VTC

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto ley que regulará a partir de ahora la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). El Gobierno transfiere a las Comunidades Autónomas la regulación de esta actividad, pero da cuatro años de moratoria para que las autonomías adopten su legislación. Una medida que no ha gustado a los taxistas, que ya advirtieron ayer que solo aceptan un traspaso inmediato de las VTC a las autonomías y que irían a “la guerra total” si el traspaso no se producía rápidamente. 

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, defendió al término del Consejo de Ministros la moratoria asegurando que con ella buscan dar un periodo de transición que permita a las autonomías asumir dicha regulación y dar un tiempo a las VTC en concepto de indemnización. “Hemos calculado el plazo de cuatro años para compensar en tiempo por unos derechos perdidos”, aseguraron fuentes del citado ministerio.

La norma aprobada establece, según precisó Ábalos, que tras los cuatro años de moratoria las autorizaciones de las VTC de ámbito estatal quedarán habilitadas únicamente para prestar servicios interurbanos. En cambio, para llevar a cabo un servicio de transporte urbano, los vehículos de alquiler con conductor deberán adaptarse a la normativa que cada comunidad autónoma decida establecer. De esta manera, en el caso de que las autonomías no legislen, las licencias seguirán estando operativas, pero solo para realizar transporte interurbano.

“Hasta ahora las VTC no estaban sometidas a las normativas municipales, solo los taxis, y queremos que las comunidades y ayuntamientos pongan las reglas”, insistieron fuentes de Fomento. El decreto, que será efectivo a partir de mañana tras su publicación en el BOE, sí dispone que tanto ayuntamientos como autonomías tendrán competencias para regular en materia de condiciones de prestación. “Las VTC, desde ahora, tendrán que someterse a las normas que los ayuntamientos establezcan en aspectos relativos a la precontratación, captación de clientes, horarios y restricción del tráfico por contaminación”, dijeron las mismas fuentes.

“Es lógico que esto sea así, pues el sector del taxi y de las VTC están desempañando una misma actividad en los mismos ámbitos, y sin embargo hasta ahora tenían legislaciones distintas”, apuntó el ministro, que añadió que “es una contradicción tremenda que el Estado sea el que regule las VTC en el ámbito urbano. Debe regularse como el resto de transportes urbanos (taxi y metro, por ejemplo)”. 

Ábalos, que insistió una y otra vez en que el Estado no tiene competencia para regular el transporte urbano, también aseguró que poner en manos de las comunidades autónomas las VTC es lo adecuado, pues es un medio de transporte que no afecta del mismo modo a todas las autonomías. En algunas su presencia es algo testimonial, pero en otras, como Madrid y Barcelona, se sobrepasa la ratio permitida”.

El ministro defendió, a preguntas de los periodistas, que el Gobierno no ha sucumbido a la presión de ningún colectivo (desde las VTC se le ha acusado de hacer el juego a los taxistas). “Miren las reacciones de ambos sectores; ahí tienen la prueba. Ninguno se da por ganador”. Ábalos reconoció que es un conflicto en el que “hay muchos intereses, y seguramente habrá a quien le parezca que cuatro años es muy poco tiempo y otros a quien les parezca que es un mundo.Pero lo que ha hecho el Gobierno es evitar que se den ventajas competitivas de mercado desde la Administración a una de las partes, y creo que hemos actuado con la mayor objetividad posible”.  

El titular de Fomento también aseguró que el nuevo real decreto ley, que ahora será remitido al Congreso para su convalidación en el plazo de un mes, “no tiene que llevar a la pérdida de empleo”. Con la medida, resaltó, pretendemos establecer un marco de convivencia. “Queremos un sector [de movilidad urbana] ordenado y que crezca con seguridad. Y para ello también vamos a crear un grupo de trabajo que contribuya a llevar a cabo todo el proceso”.

De igual forma, desde el Ministerio de Fomento se aseguró que el decreto cuenta con “consistencia económica y jurídica” y que no tiene ningún “resquicio” que pueda derogarlo.

Fuente: Cinco Días

2018-09-28T12:03:05+00:00