El Gobierno busca fórmulas “flexibles” para jubilaciones más tardías sin alargar la edad legal

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El Gobierno ha entrado en el debate sobre si las personas que llegan a su edad de jubilación deben retirarse o es preferible que sigan trabajando. Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, ha declarado este viernes en el Congreso que el Gobierno “busca fórmulas para que la gente se jubile cada vez más tarde. Nunca voy a defender que la gente se jubile cada vez más pronto”. A continuación, aclaró que “sin retrasar la edad legal de jubilación”.

Granado señaló que el objetivo es “que la gente pueda quedarse el máximo tiempo posible en su puesto de trabajo, reforzando así al sistema en un momento en el que se necesitan todos los refuerzos posibles”. El político clausuró unas jornadas sobre el futuro del sistema público de pensiones celebradas en la Cámara Baja, organizadas por la Asociación de exdiputados y exsenadores, con el patrocinio de Funcas e Ibercaja.

En declaraciones a los medios, subrayó que “alargar la edad legal de jubilación es una equivocación”. Insistió en que en España no hay una edad oficial de jubilación. “La gente se jubila cuando quiere y suele querer cuando puede. Creo que cuando alguien ha cursado una carrera tan larga, de 35 o 38 años y ha generado unos derechos tan sólidos, es razonable que sea solidario con los más jóvenes y deje su sitio a alguien que necesita el trabajo”.

Evitar la indemnización por jubilación

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Por otro lado, Granado aseguró que la decisión de recuperar la jubilación forzosa pactada en los convenios colectivos, como han propuesto sindicatos y patronal, para que se pueda prescindir de un trabajador a los 65 años con una carrera de cotización completa sin indemnización alguna no afecta a las cuentas del sistema público de pensiones. Aclaró que a los únicos a los que les puede molestar esta norma es a los que prolongan su vida laboral más allá de la edad de jubilación porque buscan una indemnización de la empresa para marcharse, y esto es lo que se pretende evitar.

“A la Seguridad Social que la norma exista o no le es indiferente”, señaló, incidiendo que si ahora el incremento del gasto en pensiones se sitúa por encima del 5%, cuando la norma se restablezca “subirá lo mismo”, pues cree que pensar que “el BOE determina las decisiones en materia de jubilación es una tendencia equivocada”.

Granado no descartó cambios legales para facilitar la jubilación activa. Reconoció que en la actualidad, las reglas de compatibilidad son muy duras. “Tenemos que hacer una reflexión muy profunda en función de cuales son adecuadas para que el sistema de pensiones no tenga problemas y permitan la renovación de los jóvenes. Cada vez más actividades se pueden ejercer perfectamente llegados a una edad avanzada. ¿Un escritor no puede seguir trabajando a los 70 años?, yo creo que sí y tenemos que facilitarlo”, aseguró.

Sobre la edad legal establecido, señaló que ya se hizo en el 2011 cuando se llegó hasta los 67 años, y todavía, la edad real de jubilación “solo se ha prolongado en seis meses. Hay que insistir en la jubilación activa, no prolongar la jubilación, sobre todo a los trabajadores que tienen esperanzas de vida más cortas por su actividad”.

La carta con información de la pensión

Por otro lado, en la misma jornada parlamentaria, los portavoces del Pacto de Toledo del PP, PSOE, Ciudadanos y Grupo Mixto (Carles Campuzano, del PDeCAT) coincidieron en que esperan cerrar un acuerdo pronto sobre las recomendaciones para garantizar su sostenibilidad, en la primera mita del 2019. José María Barrios, del PP, matizó que “salvo que antes se convoquen elecciones, por eso desbarataría todo”. Barrios reconoció que si hay desconfianza “entre los jóvenes y los mayores es culpa nuestra, de los partidos que no hemos sabido transmitir la fiabilidad del sistema público”.

Desde Ciudadanos, el portavoz parlamentario Sergio de Campo, admitió que los partidos deben superar la tendencia a decir a los medios “lo que la población quiere escuchar para plantear argumentos realistas”. También comentó que hay factores abiertos en donde todavía no hay consenso, como la aplicación del factor de sostenibilidad e insistió en que “hay que hacer reformas que den tiempo a los jóvenes a prepararse para el futuro”.  El diputado socialista Jesús María Fernández abogó por fomentar que las empresas incentiven la aportación a pensiones privadas más que los seguros médicos, “ya que el nivel de la sanidad pública es muy alto”.

El diputado del PDeCAT Carles Campuzano añadió que el precio del acuerdo político es ceder posiciones “y dejar cierto margen de maniobra al próximo Gobierno que venga”. Preguntados por si eran partidarios de que el Gobierno informe a los ciudadanos por carta de la posible futura pensión que pueden recibir, no hubo consenso. Ciudadanos y PDeCAT se posicionaron claramente a favor, tanto con el cálculo público como el de las pensiones privadas, si el ciudadano las tuviera. El PP y el PSOE fueron más partidarios de mejorar la plataforma actual de la Seguridad Social que ayuda a hacer este cálculo, “aunque se podría enviar una carta con esta información al que la solicitara”, apuntó Barrios. Fernández reclamó más transparencia a las gestoras privadas de pensiones para que expliquen a sus clientes en dónde invierten su dinero.

Fuente: El País

2018-11-30T18:38:41+00:00