El Congreso pide una reforma radical de los supervisores financieros para evitar otra crisis

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La Comisión de investigación de la crisis financiera del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves su informe definitivo, tras haber escuchado a más de 80 ponentes en un año y medio de trabajo. El informe fue aprobado por los grupos parlamentarios a excepción de Unidos Podemos y Ciudadanos. Los primeros se ha abstenido porque quería que el texto hubiese sido más severo con los causantes de la crisis, y los de Albert Rivera han votado en contra porque no se culpabiliza de la crisis a la politización de las cajas de ahorro.

Los grupos parlamentario consideran que el Banco de España y el resto de organismos de supervisión “no hicieron frente a sus obligaciones” para actuar contra la burbuja inmobiliaria y de crédito. También culpan a los gestores. En particular, en el caso de Bankia, dicen que realizaron “prácticas acreditadas como delictivas en el sistema de remuneración de sus dirigentes”, y que estas fueron producto, entre otras cosas, “de una gobernanza altamente defectuosa” en la entidad.

Las conclusiones de la Comisión parlamentaria han cobrado una especial relevancia después de que se haya sabido que el Banco de España da por perdidos, de momento, más de 42.000 millones de los contribuyentes, una factura que ha elevado la deuda pública. Entre las conclusiones y propuestas del dictamen destacan las que hacen referencia a la profunda reforma de los organismos supervisores.

Así, se propone al Gobierno “que adopte medidas que aseguren la efectividad e independencia de los supervisores de solvencia, mercados, contabilidad y auditoría y resolución, asegurando que no se dan conflicto de interés en el ejercicio de sus funciones ni coincidencias de miembros en sus órganos de gobierno”. 

Supervisión efectiva y transparente

Además, se solicita al Ejecutivo “que pueda iniciar un proceso de formalización de procedimientos a seguir por parte de los supervisores que aseguren su efectividad y transparencia, sin ser necesarias nuevas comisiones de investigación para entender el papel de cada uno de ellos”. Los partidos coinciden en que el modelo de supervisión existente de las entidades de crédito y productos bancarios (Banco de España), de los mercados de valores y servicios de inversión (CNMV) y de las compañías de seguros y fondos de pensiones (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), “genera muchas ineficiencias, conflictos y arbitrajes regulatorios, ya que los principales agentes que intervienen en los mercados son entidades que operan simultáneamente en los tres subsectores”.

Para minimizar o eliminar estos problemas, se propone abogar por “el modelo de supervisión funcional, conocido como twin peaks, que ya han adoptado algunos de los países del entorno. Este modelo articula la supervisión en torno a dos instituciones, una entidad supervisora de la solvencia de todas las entidades financieras y otra encargada de la supervisión de las normas de conducta”. Este modelo lo reclamó en 2016 el subgobernador Fernando Restoy, que ahora es presidente del Instituto de Estabilidad Financiera en Ginebra, y que estaba recogido en el programa del PP. Sin embargo, provocó una crítica radical del Ministerio de Economía, dirigido entonces por Luis de Guindos. 

Autoridad de protección para el cliente

Los partidos han acordado pedir la “creación de una autoridad de protección del cliente financiero. Existe un compromiso legal de constituir una autoridad para la resolución extrajudicial de litigios en materia financiera, englobando y perfeccionando las labores que actualmente realizan los servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Mejorar la protección de los clientes financieros, en particular los minoristas, es uno de los principales retos pendientes”, concluye el informe.

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La Comisión que realizado este informe también se detiene en algún detalle como pedir que los responsables de los tres organismos supervisores no se solapen en los diferentes consejos para evitar conflictos de interés. También solicita que la Junta Única de Resolución (JUR) europea inyecte liquidez antes de intervenir un banco, algo que no sucedió en el caso del Banco Popular.

Por otro lado, el texto considera “imprescindible mejorar la imagen y la reputación del sector, muy afectadas como consecuencia de la crisis. La supervivencia de cualquier sector depende de que la sociedad quiera que exista, que entienda que es útil. Y los ciudadanos están muy decepcionados pensando que la crisis que hemos vivido, y que ha supuesto el descenso del nivel de vida de muchas personas, obedece al comportamiento de los banqueros”.

También cree “esencial reconstruir la relación de confianza con los clientes, poniéndoles siempre en el centro de todas las decisiones, haciendo un esfuerzo continuo por mejorar la transparencia y hacer productos más sencillos, pero también promoviendo la educación financiera, que permita a las personas tomar decisiones más informadas, y dando herramientas y recomendaciones prácticas personalizadas”.

En la sesión de este jueves, la comisión ha aprobado el informe que es un relato de la investigación llevada a cabo con citas y datos a partir de los documentos aportados por cada uno de los grupos parlamentarios.

Mirar para otro lado

Además de este documento, la comisión de investigación ha aprobado un bloque de antecedentes en el que se incluía una relación de la documentación solicitada durante los trabajos parlamentarios y la relación de comparecientes solicitados, tantoaquellos que finalmente acudieron a rendir explicaciones, como de quienes que no lo hicieron.

En el informe se concluye que durante la crisis, el supervisor, tanto bajo el control de Jaime Caruana (2000-2006) como de Miguel Ángel Fernández Ordóñez (2006-2012), miró para otro lado, algo de lo que siempre le han acusado los inspectores.  “Había herramientas disponibles” para actuar por parte del Banco de España, pero que estas “no se usaron por falta de voluntad política”. El documento también carga contra el supervisor en su gestión sobre las preferentes, ya que cree que este “propició” su venta pese a tener “constancia sobre la aversión a estos productos por parte de los inversores institucionales”.

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Además de supervisores y sector financiero, el informe apunta también a los Gobiernos de Felipe González y José María Aznar por la aprobación de diferentes leyes. Al expresidente popular le achacan la ley del suelo, que “favoreció el aumento de suelo urbanizable disponible”. Y al socialista, la regulación de fondos de titulización, que permitió que los créditos no figuraran en las cuentas de las entidades y así no asumir el riesgo.

“El sistema normativo vigente en ese momento creó el marco propicio para el hipercrecimiento e hiperfinanciamiento del negocio inmobiliario y constructivo”, reza el documento, en el que la comisión rechaza que la crisis surgiera “porque los ciudadanos vivieran por encima de sus posibilidades”. “Fueron las entidades financieras las que prestaron muy por encima de sus capacidades, y fueron los entes reguladores y supervisores los que obraron muy por debajo de sus responsabilidades”, sostiene.

Entre 2000 y 2008, el crédito al sector de la construcción y promoción aumentó en un 661% y el crédito hipotecario, en un 335%. El 63% de todo el crédito al sector privado estaba concentrado en actividades inmobiliarias.

“Malas prácticas en bancos y cajas”

El dictamen deja en evidencia que las “malas prácticas estaban generalizadas en todo el sector, incluyendo bancos y cajas” y que la crisis les “afectó por igual”, si bien, apostilla que “la resolución de los problemas asociados no fue la misma en uno y otro caso”.

“Del fracaso de las cajas no cabe concluir el éxito de los bancos. A estos últimos les salvó su diversificación internacional, mientras que en España también experimentaron dificultades y ayudas puntuales”, abunda el informe, que pone de ejemplo el creciente peso del negocio internacional en las dos mayores entidades, Banco Santander y BBVA.

Respecto a los diferentes modelos de gestión, gobernanza y una posible politización de las entidades, el informe señala que “las decisiones erróneas son tomadas por personas particulares o grupos de personas, independientemente de su profesión o filiación”, e indica la existencia de “incentivos perversos que promueven la toma de decisiones erróneas”.

Errores particulares y politización

Uno de los aspectos más conflictivos ha sido determinar quién es el culpable de la crisis de las cajas. Este punto ha provocado el voto en contra de Ciudadanos, que considera al PP y al PSOE culpable de la politización y la mala gestión de estas entidades. En el informe se asegura que “lo que hay detrás de las malas praxis que se dieron en muchas entidades de crédito, tanto bancos como cajas de ahorro, son determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares”. Y concluye que la diferente titularidad de cajas respecto a los bancos no ha sido “un factor determinante en su diferente exposición a la crisis”.

El documento defiende que “la profesionalidad de los altos directivos de las cajas de ahorros era similar a la que tenían los cuadros de dirección de los bancos”. “La asunción de malas prácticas y la toma de decisiones erróneas no dependía, así, del nivel de capacitación, sino de otras motivaciones e inercias”.

En este sentido, las conclusiones de la comisión de investigación sobre la crisis económica que azotó a España durante una década atribuyen las malas prácticas en el sector a la búsqueda de mejoras en la cuenta de resultados “de manera creciente y continuada” y al “establecimiento de sistemas de remuneración e incentivos ligados a la consecución de objetivos”. Una apuesta que, según la comisión, “promueve una visión cortoplacista de la gestión y un abandono de la toma en consideración de otros criterios relacionados con la asunción de riesgos, la ética o la propia sostenibilidad del sistema”.

Fuente: El País

2018-11-29T16:27:42+00:00