El banco pagará todos los gastos de la firma de la hipoteca salvo la tasación

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Los partidos políticos han consensuado este martes en el Congreso de los Diputados una parte esencial del texto de la futura ley de crédito inmobiliario. En él se recoge que los clientes no tendrán que pagar ningún coste de la hipoteca salvo la tasación. Los gastos del notario, el registro y la gestoría correrán a cuenta de las entidades. Aunque eso sí: si se piden más copias del contrato las costeará aquel que las solicite. Y no se dice nada de las comisiones de apertura, que las entidades podrán establecer como crean conveniente.

En el documento acordado por PP, PSOE, Ciudadanos, PDeCAT y PNV, se plasma que, en contra de la decisión del Supremo, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) lo abonará el banco: “Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho, en su defecto las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. Cuando se trate de escrituras de préstamo o crédito con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista”, reza la disposición adicional pactada. Aunque en realidad desde el lunes ya lo tienen que abonar los bancos por el decreto ley que aprobó el Gobierno.

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“Se refleja el reparto de los gastos para eliminar la litigiosidad”, dice Gonzalo Palacín, diputado socialista y uno de los ponentes de esta legislación que pretende trasponer una directiva europea. “Al regularlo en una ley y no en un decreto ley limitado por el artículo 86 de la Constitución, se aclara la cuestión del sujeto del impuesto y se da seguridad jurídica”, añade Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos y otro de los ponentes. 

En el hecho de que el banco pague el AJD ha habido unanimidad. Sin embargo, Podemos ha rechazado brindar su apoyo a que el cliente sufrague la tasación. En este punto algunos grupos han argumentado que si lo soporta el banco entonces el cliente no podrá ser propietario de la tasación y, en consecuencia, no podrá irse con ella a otras entidades. 

Además, se han esclarecido las dudas que se cernían sobre si las cajas rurales podían evitar el desembolso del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Ante las quejas de la banca, estas tendrán que pagarlo, según se señala en el texto pactado. “Era una distorsión de la competencia. Una misma operación hecha por un banco o por una cooperativa tendría que recibir el mismo trato fiscal”, afirma De la Torre.

La importancia de la tasación

Que la tasación permanezca en manos del cliente es importante porque le permitirá negociar con más facilidad con distintos bancos, resaltan varios diputados. Siempre que la tasadora esté homologada, las entidades tendrán que aceptarla. La futura ley, que todavía tiene que ser votada en el pleno del Congreso y en el Senado, impedirá que los bancos puedan imponer tasadoras y prohíbe que estas tengan vinculación con las entidades. “El monopolio de la tasación por los bancos no era positivo porque durante la burbuja ocurría con frecuencia que se sobrevaloraba la vivienda y eso servía a las entidades para poder financiar mucho más, incluso las vacaciones o la compra del mobiliario. Por otra parte, también se han dado casos de abuso en los que había desahucios sobre valoraciones muy bajas”, señala el magistrado José María Fernández Seijo.

Los partidos políticos también han cerrado que el cliente firme ante notario que entiende toda la documentación entregada por el banco. Podemos exigía que se suprimiese el valor probatorio del acta notarial. Y el PSOE respaldó en esto a Podemos, pero perdieron la votación ante PP, Ciudadanos, PNV y PEDeCAT. “Lo de firmar ante notario se hizo para blindar a los bancos de las demandas, pero ningún juez aceptará eso”, comenta Fernando Zunzunegui, abogado experto en asuntos financieros. Algunos juristas destacan que así también se establece un doble filtro, el notarial y el del registro. Y el registrador podría rechazar cláusulas que el notario haya aceptado antes como transparentes. De forma que este doble filtro podría acabar generando un problema de inseguridad jurídica, apuntan.

En el anterior texto pergeñado por el entonces ministro Luis de Guindos a finales de 2017, el banco debía facilitar toda la información sobre la hipoteca siete días antes de la firma. Ahora este periodo se alargará a 10 días, lo que en principio debería dar un poco más de tiempo a los consumidores para hablar con otras entidades.

Acuerdo para la próxima semana

Las formaciones políticas han pospuesto a la semana que viene cerrar el texto definitivo de la futura ley de crédito inmobiliario, una legislación que traspone una directiva europea de 2014 y por la que pende sobre España la amenaza de una multa de Bruselas por valor de 105.000 euros al día. En la reunión de ayer los diputados cubrieron la parte más delicada. Aun así, se tienen que concretar otros asuntos de enjundia, como la cantidad que se ha de impagar para que el banco pueda proceder con la ejecución de la hipoteca, o a cuánto deben ascender los intereses de demora.

En todo caso, parece que se está respetando bastante el texto que dejó Guindos y, por lo tanto, el PP no pondrá problemas para tramitarlo con urgencia en el Senado.

Queda además abierto si en la ley se establecerán o no sanciones a aquellas entidades que no hayan abordado correctamente un examen de solvencia del cliente, una exigencia de la directiva.

Existe también la probabilidad de que se mencione a la autoridad independiente para proteger al consumidor financiero, un organismo que anunció Sánchez pero que Guindos ya había dibujado en su proyecto de reguladores. Sin embargo, dado lo difícil de su diseño y encaje, este se remitirá a otra ley.

Fuente: El País

2018-11-13T16:19:43+00:00