Los ciudadanos se sienten indefensos ante el dominante poder de las empresas de servicios (eléctricas, telecomunicaciones, financieras y transporte), cada vez más gigantescas tras sucesivas concentraciones. La alta complejidad de estos mercados precisa fuertes organismos de control que defiendan a los consumidores. Cuanto menor es el número de compañías más fácil es pactar precios mediante acuerdos (cárteles).

MÁS INFORMACIÓN

Las democracias tratan de contrarrestar el control del mercado por los grupos empresariales (oligopolios) con leyes de defensa de la competencia. La batalla contra los monopolios empezó en Estados Unidos en 1890 (ley Sherman). En la UE la defensa de la competencia es una seña de identidad.

Joan Ramón Borrell, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, subraya el peligro de la concentración empresarial: “El verdadero riesgo del enorme poder económico de los cárteles es que pueden pervertir el sistema democrático”.

En España estábamos en pañales en materia de competencia. La creación de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) en 2007 fue un hito. Su actuación, independiente del Gobierno y de las empresas, logró pronto el reconocimiento de la UE.

En 2013, el Gobierno del Partido Popular, con la excusa de ahorrar costes, recortó las competencias de la CNC al incluirla en un nuevo organismo, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), al que incorporó todos los reguladores como la Comisión Nacional de Energía y la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Una mezcla muy discutida.

El PP nombró presidente al profesor José María Marín Quemada, quien contra lo esperado por algunos ha dotado a la CNMC de una elevada independencia. Durante su mandato, que acaba en otoño, se han desmontado 29 cárteles, con un ahorro de 580 millones de euros anuales. Ha impuesto sanciones por 800 millones de euros, un 85% ratificadas por el Tribunal Supremo. Cuatro grandes eléctricas han sido sancionadas por alterar los precios y cuatro de los mayores bancos castigados con una multa de 91 millones, por pactos ilícitos con perjuicio a terceros.

El profesor Quemada no ha cesado de pedir más instrumentos. Con razón. El poder de las compañías es extraordinario y las tarifas, favorables a sus intereses, les han posibilitado una gran expansión internacional. Los técnicos de la CNMC, que se sienten muy respaldados por la presidencia, sostienen que en España el consumidor todavía está más protegido en los mercados no regulados que en los regulados. Absurdo.

La propuesta de la CNMC de recortar un 7% la retribución por la distribución eléctrica y un 18% la del gas ha provocado quejas y amenazas de las compañías de no invertir. Toda una exhibición de poder. Los ciudadanos pagan una energía carísima, pero los registros de salud y pobreza energética no cotizan en Bolsa. Es necesario que el futuro presidente mantenga una CNMC independiente. Para las dudas están los tribunales, que en Alemania acaban de avalar un recorte de retribución a las energéticas.

Fuente: El País