Bruselas llevará a España a la justicia si el Gobierno no cede a la CNMC los peajes eléctricos

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La dirección general de Energía de la Comisión Europea ha elevado ya una recomendación al comisario Arias Cañete para que lleve a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bruselas abrió un procedimiento de infracción en 2016, y desde entonces ha intentando —sin éxito— que el ya exministro de Energía, Álvaro Nadal, dejara la fijación de los peajes eléctricos en manos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), tal y como obligan las reglas europeas. Bruselas tira finalmente la toalla por las continuas negativas del Gobierno, y llevará a España —junto a Alemania y Hungría— ante la corte europea de Luxemburgo, que en el peor de los casos podría imponer fuertes multas si el nuevo Gobierno no cede al regulador esa potestad, según fuentes comunitarias.

Arias Cañete, sin embargo, mantiene suspendida esa recomendación hasta que se entreviste con la nueva ministra, Teresa Ribera, que hereda así una formidable patata caliente del anterior equipo de Álvaro Nadal. Esa entrevista podría concertarse muy pronto: en los aledaños del Consejo de Energía, el próximo lunes.

Nadal envió un borrador tras otro con distintas modalidades de metodologías de fijación de precios eléctricos a la Comisión. A mediados del año pasado, las posturas llegaron a estar bastante cercanas, según fuentes del Gobierno, y el acuerdo parecía encarrilado. Pero el ministerio nunca envió una propuesta definitiva, y al final ninguno de los borradores cumplía las condiciones europeas: el Gobierno del PP se reservaba la última palabra en la fijación de los peajes, con el argumento de que forma parte de la política energética y siempre con la excusa de las pobres interconexiones españolas con el continente, que conceden cierta singularidad al mercado energético peninsular.

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El ya exministro llegó a sugerir a Bruselas que España estaba preocupada “por la progresiva transferencia de competencias a instituciones no democráticas”, en línea con lo que defienden partidos como Podemos con organismos como el BCE. Las reuniones se sucedieron a tres bandas —Bruselas con la CNMC, Bruselas con el Gobierno—, pero la Comisión “ha constatado que la estrategia española consistía básicamente en dilatar todo el proceso sin ninguna voluntad política al más alto nivel de tomar una decisión definitiva para cumplir la normativa”, según una alta fuente europea. Arias Cañete hizo un último intento hace unas semanas, en una conversación telefónica con Nadal: no funcionó. Pese a las excelentes relaciones del ministro con el comisario —que prácticamente ingresó en las filas populares de la mano de Arias Cañete—, Nadal se negaba a ceder esa potestad y siempre mantuvo una tensa relación con la CNMC, hasta el punto de que el regulador ha llevado al Ministerio ante el Tribunal Supremo. De momento, la institución que preside José María Marín Quemada se asegura el favor del Ejecutivo europeo, que se decanta claramente de su lado en ese conflicto competencial.

Otros flecos

La denuncia que tiene lista la Comisión Europea incluye también otros asuntos menores, pero en el fondo se centra en esa pugna entre la CNMC y el Ministerio de Energía sobre la determinación de la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos, que son la base para fijar los precios de la luz. Esos peajes sirven para cubrir los costes regulados del sistema eléctrico (transporte, distribución, primas a energías renovables, ayudas al carbón y un largo etcétera), y suponen en torno al 45% de la factura que al final pagan los clientes; el resto procede del precio de la electricidad en el mercado mayorista y de los impuestos. Nadal planteó a Bruselas un modelo de doble llave a la francesa: de esa manera la CNMC podría fijar los peajes pero siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno. En el modelo español, sin embargo, en caso de discrepancia la última palabra la tenía siempre el Ejecutivo, extremo que incumple las directivas europeas.

“España tenía un texto ya muy avanzado que debía incluirse en la ley para separar las autoridades reguladoras”, explicaron anoche fuentes de Energía. “Y había un solo punto de desacuerdo: el Ministerio quería asegurarse de que la fijación de peajes seguiría sujeta a los límites que actualmente marca la ley 24/2013 del sector eléctrico”, según las mismas fuentes. Bruselas discrepa: apunta que había también otros flecos pendientes de acuerdo, aunque admite que la mayor discrepancia es el método de fijación de peajes, y ese es el motivo de la recomendación que está sobre la mesa del comisario Arias Cañete para llevar a España al Tribunal de Luxemburgo, de la mano de Alemania y Hungría. La conclusión de ese expediente depende de la reunión con la ministra —casada con un consejero de la CNMC, Mariano Bacigalupo, que sonaba también como posible incorporación a Energía—, aunque los contenciosos de Bruselas con Álvaro Nadal abarcan otros ámbitos, desde el cierre de las centrales de carbón a las medidas de lucha contra la pobreza energética, los objetivos de renovables y la energía nuclear.

Una vieja batalla entre organismo y ministerio

La batalla entre la CNMC y el Ministerio de Energía español comenzó en los tiempos de José Manuel Soria en el departamento y aumentó con Álvaro Nadal. El organismo se ha quejado de que el ministerio le ha quitado competencias de forma sistemática. La última, precisamente, fue el viernes cuando presentó un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la resolución del ministerio de arrogarse las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario eléctrico, que sirve para ajustar las ofertas al consumo en cada una de las horas. En diciembre, el Supremo admitió a trámite otro recurso contra Energía por asumir funciones que antes correspondían al regulador, como las liquidaciones del sistema eléctrico.

Entre otras funciones que acusa de arrebatarle, figuran las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.

Fuente: El País

2018-06-06T05:21:01+00:00