Autonomías y diputados presionan al Supremo por el polémico fallo hipotecario

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La sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) publicada el pasado 16 de octubre y cuyos efectos quedan aplazados hasta el 5 de noviembre, no solo ha puesto en un aprieto a la banca y a sus cuentas de resultados, también ha abierto un auténtico cisma entre los magistrados de este organismo judicial. Las comunidades autónomas, mientras, contienen la respiración en espera del dictamen final del día 5.

De esta forma, comunidades autónomas y grupos políticos han comenzado a presionar al Gobierno y al Supremo para que se aclare lo antes posible lo que consideran, en la mayoría de los casos, cuanto menos una polémica decisión.

Uno de los primeros en dar públicamente la voz de alarma sobre las consecuencias que esta sentencia tendrá para los presupuestos de las comunidades autónomas ha sido Fernando Gimeno, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón envió el pasado 19 de octubre una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solicitando una reunión de los técnicos tributarios para aclarar las consecuencias de la sentencia del Supremo.

El fallo del alto tribunal supondría para Aragón, si se declara la retroactividad del impuesto de AJD en los últimos cuatro años, unos 90 millones de euros ya que se verían afectados unos 30.000 expedientes desde octubre de 2014 hasta el pasado día 16, según cálculos del propio gobierno autónomo.

Gimeno ha buscado el apoyo de otras comunidades autónomas a su iniciativa, aunque la paralización de la sentencia en 15 días, también ha dejado en el aire la posibilidad o no de celebrar esta reunión con Montero y los técnicos del ministerio.

Gimeno considera que el efecto al final para las comunidades autónomas será neutro, pero reclama “adoptar medidas para resolver el problema y articular un mecanismo ágil y razonable que permita dar una solución a los ciudadanos”, según explica el Gobierno de Aragón.

Pero Ciudadanos, Podemos, PP y POSE también han entrado de lleno en la polémica. Ciudadanos ofreció ayer al Gobierno pactar un sistema de arbitraje con el fin de acordar devoluciones de cantidades indebidamente cobradas en la tributación de los gastos hipotecarios, una vez que el Supremo resuelva sobre esta cuestión. “Nos ofrecemos a llegar a acuerdos para arbitrar soluciones. Millones de familias han pagado in impuesto que, parece ser, no les corresponde, y eso tiene que tener una compensación”, declaró el presidente de Cs, Albert Rivera.

Podemos, mientras, ha presentado una querella por prevaricación contra el presidente de la Sala Contencioso-Administrativa del Supremo, Luis María Díez-Picazo, por su gestión en la sentencia. El PP, en su caso, reclamó ayer en el Congreso que el tribunal tome una decisión “cuanto antes” y de manera “clara y definitiva” sobre quién debe hacerse cargo de los impuestos de una hipoteca. El PSOE también reclamó que el Supremo acelere su decisión.

En la banca, a la espera de la decisión del tribunal

Intentan recuperar la normalidad. Las entidades financieras intentan recuperar la normalidad en sus oficinas hasta que el Supremo resuelva definitivamente quién debe hacerse cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentales. Hasta entonces, y para evitar que la venta de hipotecas no siga paralizada, han vuelto a ofrecer los contratos y ofertas de antes del fallo del tribunal del 16 de octubre, con cláusulas que permitirían la devolución de esta tasa si al final, como todo indica, lo tiene que pagar la banca.

Fuente: Cinco Días

2018-10-23T18:55:34+00:00