La epidemia de coronavirus que comenzó en China hace varios meses se extiende ya por los cinco continentes y supone una grave amenaza sanitaria. Esta crisis tendrá también un fuerte impacto negativo sobre nuestra economía, como muestran las bolsas, que han perdido globalmente un 10% de su valor –su peor semana desde la gran crisis de 2008-. En nuestro país, esto se une a una economía lastrada por una política económica populista e inepta, hecha a golpe de ocurrencias y sujeta además a incertidumbres políticas y guerras comerciales.

El choque tiene dos dimensiones: la caída de la oferta y la de la demanda. Por el lado de la oferta, el coronavirus produce un shock debido al cierre de fábricas en los países asiáticos, que rompe las cadenas de suministro y produce desabastecimientos en todas las fábricas que dependen de esas cadenas. Cuando Foxconn, el mayor exportador de China y mayor fabricante mundial de componentes electrónicos, deja de producir, empresas como Apple, Sony, Microsoft o Amazon tienen parones. Si el cliente que sufre un parón es una pequeña o mediana empresa, con menos recursos y flexibilidad que las grandes, su incapacidad para operar durante unas semanas o meses, enfrentado a nóminas y facturas, puede ser mortal.

Además, el coronavirus está provocando un shock por el lado de la demanda, manifestado en la reducción del consumo de aquellos productos o servicios más identificados con los riesgos de contagio. Por ejemplo, el sector hotelero sufre ya la parálisis de las campañas de vacaciones de Semana Santa y verano. O los grandes almacenes en Madrid, que han visto evaporarse desde enero los turistas chinos. O la caída que está sufriendo todo el sector de la restauración.

En plena evolución dinámica de una situación no prevista y sin querer especular sobre su alcance definitivo ni caer en escenarios catastrofistas –habrá vacunas, los factores climáticos ayudarán quizás cuando se acerque el verano—desde Ciudadanos hemos propuesto una batería de medidas urgentes en el Parlamento Europeo de carácter temporal, para combatir desde este momento el impacto económico de la crisis, y anticiparnos a los efectos que pueden llegar y todavía no conocemos.

En primer lugar, proponemos que la Comisión Europea flexibilice de manera excepcional el cumplimiento de los objetivos de déficit por parte de los Estados miembros. Este alivio temporal en ningún caso debería asumirse de forma irresponsable. Ningún Gobierno, ni el de España ni el de cualquier otro país, debe gastar el dinero extra que surgiría de ese alivio en ajustar unas cuentas que no cuadraban antes. El gasto tiene que destinarse a respaldar a empresas y autónomos perjudicados por el impacto del coronavirus, para evitar un tsunami destructor de empleo que destroce de nuevo el tejido social y económico de nuestros países.

En esta lógica, los Gobiernos europeos deberían, de manera coordinada y con límites también temporales, permitir el aplazamiento del pago de las cuotas de la Seguridad Social y de la cuota de autónomos a las empresas y autónomos más vulnerables y cuya actividad se vea alterada por los efectos del coronavirus, y posponer también la liquidación del IVA a empresas y autónomos en esas circunstancias. Los pequeños y medianos empresarios y los autónomos que están sufriendo o van a sufrir las consecuencias sobre las cadenas de suministro y la demanda tienen que poder hacer frente a la situación sin echar el cierre o sin dar un tajo a sus plantillas.

Pero hay que hacer más. La UE tiene que movilizar garantías presupuestarias para activar las capacidades del Banco Europeo de Inversiones. El BEI debe financiar –vía entidades bancarias—líneas de descuento de emergencia que puedan contrarrestar los problemas de liquidez que van a sufrir determinadas pymes.

Finalmente, proponemos crear un Fondo de Protección para el Empleo que se financie con el presupuesto comunitario y que facilite que las empresas distribuyan la carga de trabajo entre sus plantillas mientras permanezcan los problemas. Una medida así implicaría dos cosas: la primera, protección para los trabajadores de los sectores afectados por la eventual caída de la demanda, como el turismo o las manufacturas. Esta especie de Garantía Europea –similar al modelo alemán del Kurzabeit— haría que la UE se hiciera cargo de los salarios correspondientes al ajuste realizado y evitar de esta forma los recortes de plantilla. Y la segunda, un estímulo para volver a la senda de crecimiento sin asfixiar las ya castigadas cuentas públicas de los Estados miembros.

Los europeos pagamos caro hace ya más de una década la ausencia de instrumentos específicos para hacer frente a las crisis. Aprender de los errores del pasado y actuar es lo mínimo exigible ahora, cuando necesitamos abordar con cabeza fría y medidas eficaces las consecuencias económicas de esta nueva epidemia global del siglo XXI.

Luis Garicano, jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, es vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe en la Eurocámara

Fuente: El País